Cargando...El grupo sectorial de Universidad de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Ciudad Real ha acordado en su última reunión sumarse a los acuerdos tomados por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha, en su sesión celebrada el 23 de mayo de 2012, en la que manifiesta su rotundo rechazo al Real Decreto-ley 14/1012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, convalidado el 17 de mayo de 2012.
Entre otros motivos para rechazar los recortes en la institución educativa, el responsable de Universidad del PSOE, Miguel Lacruz, ha mencionado el procedimiento utilizado para su implantación, “sin garantizar la participación y hurtando la legitimidad democrática de nuestros representantes parlamentarios, porque atentan contra el principio de autonomía universitaria, porque adolece de notables deficiencias e incongruencias como el sistema de valoración docente, dificulta la actividad investigadora, se olvida del profesorado universitario con contrato laboral e ignora la excelencia o la calidad académica”.
Por lo tanto, este grupo de Universidad ha decidido sumarse a varios acuerdos, como son manifestar públicamente su protesta y desaprobación por la forma y el contenido de las medidas urgentes en materia educativa, así como la grave preocupación por el proceso de deslegitimación social que está sufriendo la Universidad española, “justificando medidas drásticas con un fin puramente económico que causarán un perjuicio irreparable a las universidades”
Lacruz ha indicado que todos los responsables reunidos han decidido hacer llegar a las autoridades competentes su reprobación sobre las medidas de gasto público contenidas en esta norma de urgencia, en tanto “comprometen la calidad de la Universidad, atentan a su autonomía reconocida constitucionalmente y plantean serias dificultades parta su aplicación”.
Además, pretenden trasladar al Ministerio de Educación la necesidad urgente de planteamientos para mejorar la Universidad pública y que sean revisados teniendo en cuenta las opiniones de la comunidad universitaria y respetando su representación legítima.
A estos tres puntos hay que añadir otro. Tal y como ha señalado Lacruz, “pretendemos alentar a la sociedad a participar en la defensa jurídica, política y social de la institución universitaria y su inmenso valor para el progreso, el futuro y la cohesión de nuestro país y nuestra autonomía”.
Igualmente el Grupo de Universidad del PSOE se ha sumado al acuerdo del Consejo de Gobierno de la UCLM, en el que ante la entrada en vigor del Real Decreto-ley 14/2012, la aprobación del Plan Económico y financiero de la Universidad, y tras el informe del Rector, ha decidido reiterar por unanimidad a los órganos de gobierno regionales que se proceda a la adopción de las medidas necesarias para corregir el Plan Económico y Financiero de CLM respecto a la liquidación presupuestaria de la UCLM para 2012 o, en su caso, se modifique la financiación de ésta prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Macha 2012, de manera que pueda cumplir de forma realista las competencias que la legislación le otorga como universidad pública.
A su vez, solicitan al presidente del Consejo Social, de acuerdo al art.19 de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, la convocatoria extraordinaria e inmediata del Pleno del Consejo Social de la UCLM para que ejerza las competencias que le corresponden, una vez ha sido aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha 2012.
El Grupo Provincial de Universidad del PSOE apoya a su vez la solicitud del Rector para comparecer ante las Cortes de Castilla-La Mancha para que informe de la situación y perspectivas de la UCLM en función de la financiación consignada en el Proyecto de Ley de Presupuestos.
Finalmente, los socialistas apoyan la actuación de los vicerrectores, prestando la colaboración que sea requerida a los miembros del Consejo de Gobierno, “para la divulgación y puesta en valor de nuestra Universidad en el presente y de cara al futuro y al progreso de Castilla-La Mancha, así como para comunicar las consecuencias sociales que tendría la financiación consignada en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha 2012”.
