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La Diputación de Ciudad Real destina dos millones de euros a paliar el hambre en la provincia

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Dos millones de euros destinará la Diputación Provincial de Ciudad Real en los próximos nueve meses, dentro de un nuevo plan de emergencia social, para atender de manera prioritaria y urgente las situaciones de extrema gravedad que están atravesando muchas familias por la falta de recursos económicos para la compra de alimentos básicos.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara, ha dado a conocer esta mañana en rueda de prensa este nuevo Plan de Emergencia Social para 2012, que se ha consignado con la cantidad de 1,5 millones de euros, que serán gestionados directamente por la propia Diputación a través de los Servicios Sociales y en colaboración con los trabajadores municipales, y otros 500.000 euros que se tramitarán con los ayuntamientos para situaciones de extrema gravedad que queden fuera de la aplicación anterior y a través de las Organizaciones No Gubernamentales más representativas de la provincia, como son Cáritas y Cruz Roja, para crear un banco de alimentos.

«La pobreza, el hambre, el paro, la humillación social son una preocupación permanente, casi obsesiva del equipo de Gobierno de la Diputación», ha dicho De Lara, poniendo como ejemplos las ayudas a los programas de cooperación internacional y de emergencia social que son anualmente programados en sus presupuestos.

Con respecto al Plan de Emergencia Social 2012, el presidente de la Diputación ha dicho que no tendrá solución de continuidad en relación con los planes anteriores. La consignación en los presupuestos de 1,5 millones de euros, se aplicará en nueve meses a partir del 1 de julio y hasta el 31 de marzo de 2013. «Las prestaciones tendrán un carácter no periódico y atenderemos situaciones excepcionales y urgentes. Los beneficiaros serán personas físicas o familias. Se primará la alimentación básica e higiene, y de manera excepcional: vestido y calzado, ropa del hogar, farmacia, Gas y electricidad, alojamiento temporal para mujeres victimas de violencia de género en lo que concierne a gastos de desplazamiento a juicios, a peritajes, puntos de encuentro, etc.»

De Lara ha indicado que las resoluciones se ejecutarán en 15 días y se pagará para compra de alimentos, 30 euros al mes por miembro de la unidad familiar, y si uno es un niño menor de 3 años, además de computar como miembro de la familia obtendrá también una ayuda adicional de otros 30 euros. Se facilitarán cheques por 30 euros y las ayudas tendrán un máximo de dos meses por trimestre y no se pagarán más de cinco meses en los nueve meses que dura el programa.

Serán los profesionales de los servicios sociales municipales, no los ayuntamientos, ni los alcaldes, los que marcaran las obligaciones a cumplir como contrapartidas por parte de los beneficiarios. Como requisitos se exigirá que los niños acudan a las escuelas, que participen en los itinerarios de inserción laboral habituales o en otros programas de intervención familiar provocados por los trabajadores sociales. Serán estos profesionales los que determinen a qué familias van esos alimentos, la cuantía, la duración y una vez hecho este informe, y telemáticamente, se trasladarán a la Diputación los datos de los beneficiarios. El órgano gestor será el personal de los servicios sociales de la Diputación Provincial, que visará los informes remitidos y los resolverá confeccionando cheques que se enviarán a los ayuntamiento, también por vía telemática, cada 15 días. El trabajador social será el encargado de entregar ese cheque a las familias correspondientes.

En cuanto a los proveedores, De Lara significó que serán las empresas, tiendas y superficies de alimentación que figuran en un listado que se está terminando de confeccionar por la propia Diputación. De esta manera, el beneficiario va a la tienda, entrega su cheque y los proveedores remitirán la factura junto con el cheque a la Diputación para su abono, que una vez comprobado se pagará en un plazo máximo de 15/20 días.

Previamente, el presidente ha explicado que se han mantenido reuniones previas con los trabajadores sociales de los ayuntamientos y de las zonas Prass (Programa Regional de Asistencia Social) que están gestionadas directamente por la Junta de Comunidades y que se corresponde con municipios del entorno por debajo del umbral de los 4.000 o 5000 habitantes. «La realidad que nos están trasladando es extrema: se está terminando la cobertura que prevé la red familiar, el paro está llegando a todos los rincones de la provincia; se está acabando las prestaciones por desempleo, muchas familias viven de la pensión del abuelo. Caritas nos dice que 1 de cada 4 niños en España es pobre (datos a nivel nacional) y en relación con datos de 2011, dice que el 22,2% de los hogares de España, casi la cuarta parte, está por debajo del umbral de pobreza», ha añadido.

Ha especificado que entre 2009 y 2011 se está desarrollando un plan de emergencia social cuyos destinatarios inmediatos están siendo los ayuntamientos, a los que se les hacen pagos anticipados que a su vez derivan en beneficiarios particulares, para atender gastos de alimentación básica, de limpieza y aseo personal, vestido y calzado, gastos de farmacia, suministros básicos de vivienda como la luz y el gas, alojamiento temporal, gastos de desplazamientos, enterramientos, etc.

Ha continuado el presidente informando de que en 2010 se ha llevado a cabo una encuesta con los trabajadores sociales de la provincia, cuyos resultados han determinado que con estas ayudas se ha atendido a 1.724 familias, y como consecuencia, el 23% de quienes se han beneficiado eran usuarios habituales a los servicios sociales municipales.

«Como novedad, en los presupuestos de 2012, la Diputación de Ciudad Real a la vista de que la situación no mejora y que la palabra hambre se está instalando en nuestro territorio, vamos a añadir 500.000 euros más a este programa. Por lo tanto en la práctica serán dos millones de euros los que la Diputación dedique a emergencia social. Esencialmente, para compra de alimentos».

Ha recordado que el pasado 15 de junio, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aplicaba la orden de ayudas de emergencia social, destinando para este mismo fin la cantidad de 2,4 millones de euros para toda Castilla-La Mancha, mientras que la Diputación de Ciudad Real, con un presupuesto muchísimo menor, que solo trabaja para la provincia de Ciudad Real, ya dedica ella sola dos millones de euros.

Asimismo se ha referido a que el plan de empleo de la diputación, con 8 millones de euros, y el plan de emergencia social, con dos millones de euros, son planes directamente o indirectamente de lucha contra la pobreza, «planes que forman parte de nuestra ideología, de nuestro compromiso moral, del respeto que nos produce la política de las personas. Ni en empleo ni en emergencia social estamos obligados a actuar. Son dos líneas de las que podríamos prescindir y no pasaría nada, porque son competencia del gobierno de Castilla-La Mancha».

El presidente, antes de terminar, ha recalcado que el plan de emergencia social no hay que entenderlo como un plan de caridad, sino que se trata de un plan con el que se pretende atender el primer derecho humano, después del derecho a la vida, que es el derecho a comer y «nadie debería dormir tranquilo sabiendo que existe un solo hombre, una sola mujer, un solo niño que está pasando hambre cerca o lejos de nosotros.

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