Cargando...El paso es importante y nadie creo que lo dude. Como todo acuerdo, lo más importante es que el mismo, se cumpla. Pero que nadie se equivoque, este acuerdo es fruto del desaguisado que se ha venido produciendo en las Administraciones Públicas, durante los últimos años en los que hemos padecido congelaciones de las Ofertas de Empleo Público, nula tasa de reposición de efectivos, falta de objetividad en cuanto a estudios e informes organizativos en materia de personal, sobre la organización de los Servicios Públicos, para así, no ser derivados a empresas privadas, y por tanto al negocio privado. Ahora bien, este acuerdo es necesario para comenzar una andadura que debería de ser de consenso, tanto si los “mandamases” de turno, tienen mayoría política en las instituciones, como si no se tienen. Cualquier acuerdo debería de realizarse mediante la autentica praxis de un proceso negociador entre las partes y no con decisiones unilaterales, así los mismos son más representativos y duraderos.
El Acuerdo es el inicio de un proceso que habilita la reducción de la temporalidad en un 90%. El plan estabilizará a casi 350.000 empleados públicos con contratos eventuales o interinos: 130.000 trabajadores de la sanidad pública; 10.000 empleados de justicia y más de 100.000 docentes. A estas cifras se sumarán otros colectivos como servicios sociales, policía local, inspección y recaudación, cuyo montante se cuantificará en cada ámbito. El Gobierno permitirá a las Comunidades Autónomas convocar toda la oferta de plazas docentes (también las universitarias) antes de la supuesta aprobación de los PGE 2017. Las CCAA también podrán convocar las de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías locales.
De manera complementaria, el Acuerdo contempla una OEP de 67.000 plazas nuevas: 19.000 en la Administración General del Estado; casi 29.000 en las comunidades autónomas; y en torno a 20.000 en las entidades locales.
El plan permitirá reponer todas las bajas, con tasa de reposición del 100% en un gran número de colectivos. En la AGE incluye como prioritarios a los pertenecientes a la tramitación del DNI, Servicios Públicos de Empleo, Tráfico, Fogasa y Seguridad Social, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.
UGT ha valorado positivamente el acuerdo, destacando que «muchos trabajadores y trabajadoras que hoy tienen un contrato precario en la Administración podrán satisfacer sus aspiraciones de estabilidad laboral en un plazo de 3 años; hablamos de unas 350.000 plazas ofertadas para consolidación de empleo».
Se trata solo de un primer paso. UGT, por otro lado, no va a renunciar a la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, que se sitúa en torno a un 15%. «Se le ha ofrecido al Gobierno un acuerdo plurianual para recuperar poder de compra». El Gobierno ha cifrado en un 1% la subida salarial para el personal al servicio de las Administraciones en 2017, medida que cuenta con la oposición de todas las organizaciones sindicales de la Mesa.
El Acuerdo incorpora la creación de grupos de trabajo encargados de negociar una serie de materias muy importantes para el conjunto de los empleados públicos: Movilidad, formación, igualdad, mutualidades e implantación de la administración digital.
Ángel Escudero Martín
Secretario de Política Sindical de la UGT de Ciudad Real
