Para CSIF, este protocolo adquiere suma importancia para los funcionarios de las prisiones de Herrera de La Mancha y Alcázar, en Ciudad Real, de Castilla-La Mancha y de toda España, que ven reforzados sus derechos y condiciones de trabajo con una nueva catalogación de infracciones disciplinarias, que incluye un endurecimiento de algunas sanciones disciplinarias en los casos de agresiones que tengan como consecuencia un quebranto importante de la salud del funcionario agredido.
Entre las nuevas medidas hay que destacar que los funcionarios de prisiones serán identificados con un número de registro profesional en los procesos administrativos y judiciales, lo que garantiza su anonimato y se han incluido, dentro del concepto “agresión”, las agresiones verbales como coacciones, injurias, calumnias y amenazas.
Se ha profundizado en la participación de las organizaciones sindicales y de los delegados de prevención en el conocimiento y análisis de las agresiones a los empleados públicos, a cuyo efecto se ha creado una Comisión Paritaria de Seguimiento, que se reunirá trimestralmente.
Se han concretado medidas de apoyo psicológico, sin límites de sesiones hasta una total recuperación; de asistencia jurídica, con la obligación de remitir la dirección del centro la denuncia de la agresión a la autoridad judicial, más la suscripción de una póliza de seguro de accidentes, póliza de seguro de responsabilidad civil y la implementación de comisiones de servicio para los empleados públicos víctimas de agresiones graves; y sanitarias, a través de MUFACE o de la mutua de trabajo que corresponda a los cotizantes del régimen general.
A la firma de este protocolo, que también ha sido suscrito por UGT, se ha llegado tras una dura negociación, ya que la Administración se negó obstinadamente a recoger al colectivo de funcionarios de prisiones dentro del Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo dentro del ámbito AGE (Administración General del Estado), que finalmente fue aprobado por Resolución de 26 de noviembre de 2015 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Denuncia a la Justicia
El nuevo protocolo también concreta medidas de apoyo psicológico, sin límites de sesiones hasta una total recuperación; de asistencia jurídica, con la obligación de remitir la dirección del centro la denuncia de la agresión a la autoridad judicial, más la suscripción de una póliza de seguro de accidentes, póliza de seguro de responsabilidad civil y la implementación de comisiones de servicio para los empleados públicos víctimas de agresiones graves; y sanitarias, a través de MUFACE o de la mutua de trabajo que corresponda a los cotizantes del régimen general, así como un Plan de Formación de prevención y respuesta ante conductas agresivas, con un mejor conocimiento de la población reclusa.
