Las diligencias de investigación preprocesal se iniciaron tras la denuncia formulada por el Ayuntamiento alcazareño el pasado mes de enero, en la que se alertaba de un «incremento notable» de la partida para alcantarillado en 2014, pasando de 453.000 a 1,4 millones de euros.
Según el decreto del fiscal de Ciudad Real, recogido por Europa Press, en sus Fundamentos de Derecho entiende que los hechos «no son constitutivos de un delito de prevaricación», precisando que «resulta complicado entender las relaciones existentes entre la empresa pública Aguas de Alcázar, participada únicamente por el Ayuntamiento, y el propio Consistorio».
«Los trabajos en que se amparan las facturas se refieren en su mayor parte a la realización de trabajos consistentes en reparaciones corrientes, se trataría de contratos de obra similares a los que se amparaban en el acuerdo unánime del Pleno de febrero de 2014 en el que se reconocen créditos a la empresa», añade.
Por todo ello, el fiscal acuerda el archivo de las actuaciones «al entender que los hechos no son constitutivos de delito».
