El objetivo es «seguir denunciando que estos presupuestos reflejan un modelo económico basado en actividades productivas depredadoras del medio ambiente, que no atienen las necesidades sociales con consecuencias desastrosas para el medio ambiente, la economía, la sociedad y sobre todo para la vida de las mujeres».
En el caso del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, será IU quien eleve y defienda, con el apoyo de EQUO, dicha moción «al mostrar su complicidad en el tema y comprender la necesidad social y especialmente la defensa de los derechos y la propia vida de las mujeres, que se refleja en esta petición».
Desde la Asamblea 7N de Alcázar «queremos agradecer este gesto a los dos grupos municipales», así como a otras instituciones sociales que se unieron a la iniciativa de forma activa, como: Pacifistas Ciudad Real, PAH Tomelloso, PCE Ciudad Real, CCOO de CLM, IU provincia Ciudad Real, Ciudad Real 22M Marcha de la dignidad, Ganemos Valdepeñas, CNT, foro igualdad Miguelturra, UJCE, Yesca, Podemos Ciudad Real y Círculo Podemos, STE-CLM Intersindical y CGT Alcázar.
Esta moción «viene a recoger la necesidad, ante el número incesante de mujeres y de menores asesinadas por las violencias machistas en lo que llevamos de año, ante el incremento del número de denuncias y de mujeres con órdenes de protección y/o medidas cautelares en el año 2016 con respecto al año anterior que, ante la prevista aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y de la propuesta de la Subcomisión del Congreso de los Diputad@s del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se tenga en cuenta que a pesar de que la cuantía asignada al Programa 232C de Actuaciones para la prevención de la violencia de género, asciende, tras la presión política y social de los colectivos feministas, a 31’7 millones de euros, continúa insuficiente, siendo inferior a las asignada en 2010. Lo que obliga a congelar en 19.741.840 € el Programa 232B de Igualdad entre mujeres y hombres, un 41’2% menos que en 2010».
«Por lo que, de no aumentarse significativamente en los PGE 2017 al menos en 120 millones de euros, el Programa 232C de Violencia de Género, un “Pacto de Estado” sería una ofensa y una burla a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género. Esto sería negar la necesidad de asignación económica para los 4 millones de mujeres que, según la Macroencuesta 2015 del propio Gobierno, sufren violencia de pareja (2’5 millones de mujeres) o sexual fuera de la pareja (1’5 millones). Seguiría siendo no asignar ni un euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación, no cubrir la prevención y atención a la violencia sexual que exige el Convenio de Estambul vigente desde 2014, no mejorar la respuesta policial y judicial y no cubrir el coste de los servicios jurídicos, sicológicos y sociales en las Entidades Locales».
«Para ello la propuesta de acuerdo es: que este ayuntamiento acuerde instar al Gobierno central que se modifiquen los Presupuestos Generales del Estado para 2017 la asignación destinada, en los términos antedichos, tanto para la lucha contra la violencia de género como para las políticas de igualdad».
