Según explicó el alcalde, Santiago García Aranda, el periodo por el que se licita es de 10 años, con dos posibles prórrogas de 5 años cada una y un presupuesto máximo de 240.000 euros anuales (IVA incluido). Sobre ese presupuesto las empresas podrán hacer sus ofertas a la baja, incluyendo un canon anual que tendrá que destinarse a renovación de las instalaciones de la depuradora, teniendo en cuenta –recordó el alcalde- que estas ya llevan 22 años en funcionamiento. En este sentido, destaca que se estipula que el canon se destinará exclusivamente a inversión en reposición y mantenimiento de instalaciones del servicio, ya que –por ejemplo en la última licitación hecha en 2005- el canon no se destinó a este fin.
Los grupos de la oposición de abstuvieron. El concejal de IU, Abel Raboso, pidió que se estudie y busque la fórmula para una “remunicipalización del servicio” estimando que la depuración se trate “como un derecho y no un bien mercantilizable”. El portavoz popular, José Manuel Carmona, también anunció la abstención de su grupo aunque no debatió sobre este punto. El portavoz socialista, Jaime Martínez, reiteró que el objeto de este acuerdo es contratar la gestión del servicio y que “no significa en ningún caso la cesión de la titularidad del servicio, que sigue siendo público, municipal, al igual que la propiedad de las instalaciones”.
Por último, tanto Martínez como el alcalde, destacaron que, con las condiciones establecidas en los pliegos, “estamos en condiciones de seguir manteniendo la congelación de la tasa durante al menos los próximos 10 años”. El alcalde también informó de que se ha estudiado la posibilidad de apostar por una gestión directa del servicio, pero las cifras de costes, personal y, sobre todo, la edad de las instalaciones, hacen que no se garantice un ahorro en el servicio.
