Aprobada por el Congreso hace tres años, la prisión permanente revisable busca evitar la vuelta a la sociedad del recluso, sin control, por no existir garantías de ello a causa de los graves delitos cometidos, en lista cerrada, son todos claros casos por su crueldad e indefensión de las víctimas. No obstante, desde el año pasado a instancias del PNV se propone su derogación, así como lo mayor parte de los grupos políticos buscan la sentencia en contra del Tribunal Constitucional, siempre difícil si tenemos en cuenta que España ha ratificado internacionalmente el Estatuto que la contempla.
En nuestro ordenamiento, de acuerdo al artículo 25 de la Constitución la prisión se correlaciona con medidas de reeducación e inserción social, por ello se plantea como revisable, pero la medida penal tiene su origen en la gravedad del delito que se juzga. De esta manera, se contempla de forma similar a los ordenamientos de nuestro entorno, más como una medida de seguridad para la sociedad que disuasoria del delito, pues es cierto existen individuos capaces de comportamientos fuera de la lógica de un ser humano. Es por tanto necesario una pena excepcional para casos excepcionales, que sirva tanto para disuadir, como, y ante todo, para hacer posible que su comportamiento, el del recluso, se revisara para obtener la libertad.
Los políticos han querido entenderlo, en general, abanderados por el PNV, como una excusa para la cadena perpetua alegal, desde una sociedad vengativa, aunque lo cierto es que el Constitucional no ha resuelto el recurso y que las víctimas se manifiestan en la calle y los medios buscando millones de firmas para que la medida siga siendo efectiva.
Informado y leído sobre el tema, pienso que debe conservarse esta excepcionalidad para la excepcionalidad, pues la sociedad ha de contar con garantías para mirar por su seguridad. Un juez ante un hecho aberrante, monstruoso y flagrante debe tener herramientas para apartar al individuo o individuos que han ejecutado sin ninguna duda el atentado. Me refiero a hechos reales que durante los últimos meses nos horrorizaron desde las Ramblas, o recientemente en Mijas y donde la reinserción debe ser probada y revisada, no siendo garantía suficiente el cumplimiento de la pena.
En otras ocasiones se ha pedido la consulta a la población, y ahora parece que no sabemos o tenemos la suficiente madurez como para tener opinión sobre las penas. Los mismos que piensan o pensaron que los ciudadanos sabemos de economía, derecho administrativo, ordenamiento territorial, defensa o relaciones internacionales se refugian en la pesadumbre de una falsa demagogia de venganza en caliente que nos hace ineptos. Insisto, la sociedad precisa permanecer segura y los políticos deben proveer las herramientas para hacerlo posible.
Víctor Raúl López Ruiz
