El investigado habría llevado a cabo la actividad cinegética sin contar con el permiso del titular de los derechos del coto
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha instruido diligencias por un supuesto delito relativo a la protección de la flora y la fauna cometido por un vecino de la localidad de Membrillera.
El investigado, habría cazado varias piezas de jabalí en terrenos sometidos a régimen cinegético especial sin contar con el preceptivo permiso del titular del coto. Además esta conducta se habría desarrollado con incumplimiento manifiesto de lo preceptuado en la legislación de caza sobre mediadas precautorias en el ejercicio de la actividad, poniendo en peligro a varias personas que se encontraban realizando tareas agrícolas a escasa distancia.
La necesidad de concienciar sobre estas conductas delictivas
La dificultad que conlleva la lucha efectiva contra las conductas de furtivismo, entendiendo como tales aquellas que se refieren a cazar fuera de temporada, no poseer las licencias o permisos administrativos requeridos, el uso de armas o municiones ilegales, la caza de animales listados como especies protegidas, las que se llevan a cabo dentro de las áreas restringidas o el uso de medios prohibidos, exige una mayor colaboración por parte de los propios cazadores.
Denunciar tales practicas ante la autoridad competente tiene una gran importancia para el éxito de la actuaciones que lleva a cabo la Guardia Civil, que obviamente repercuten positivamente en el conjunto de todos aquellos que se dedican a la actividad cinegética respetando la legislación vigente.
Las consecuencias penales
La conductas de furtivismo están tipificadas en los artículos 334 y 335 del Código Penal y pueden llevar aparejadas penas de prisión de seis meses a dos años, retirada de la licencia de caza de dos a cinco años, retirada de los permisos de armas, el pago de los daños causados y el decomiso de los trofeos, además de las infracciones contempladas en la legislación de caza de Castilla La Mancha que prevé sanciones de hasta 60.000 euros.
