Castilla-La Mancha establece una regulación específica de los currículos académico y profesional de sus altos cargos y asimilados
Los gestores públicos de Castilla-La Mancha tendrán la obligación de declarar todos aquellos bienes inmuebles que pertenezcan a sociedades patrimoniales que sean de su titularidad, algo novedoso en España, según ha explicado este martes el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha en funciones, José Luis Martínez Guijarro.
Se trata de una de las novedades que se incluyen en el nuevo modelo de declaración de bienes, rentas y actividades que tienen que presentar los gestores públicos de Castilla-La Mancha a su toma de posesión, a su cese y una vez al año y que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno. Será aplicable al próximo Gobierno regional que tome posesión.
El que es el último Consejo de Gobierno de la legislatura –este miércoles arranca la siguiente con la constitución de las Cortes regionales– ha aprobado dos acuerdos que vienen a cerrar la normativa que durante los últimos cuatro años el Gobierno ha estado desarrollando en Castilla-La Mancha en materia de transparencia y buen gobierno.
Fue el 15 de diciembre de 2016 cuando el Gobierno de Emiliano García-Page aprobó la ley de transparencia y buen gobierno de la región.
Otra de las novedades que incorpora este nuevo modelo de presentación de declaración de bienes –sugerencia del Consejo de Buen Gobierno– deberá incluir todos los ingresos íntegros que perciben los gestores públicos, así como las retenciones a las que están sometidos en materia de IRPF y las cotizaciones que hacen los gestores públicos a la Seguridad Social o a las distintas mutualidades de funcionarios a las que puedan pertenecer.
También incluye la distinción entre la posesión de acciones o participaciones estén o no cotizadas en bolsa, de tal manera que haya una distinción clara sobre la capacidad de control que se tiene de las empresas sobre las que se tiene participación, ha explicado el vicepresidente primero del Gobierno autonómico.
Igualmente, se ha incorporado la obligación de declarar las donaciones que se hagan a todo tipo de entidades sin ánimo de lucro, formaciones políticas o fundaciones para que los ciudadanos conozcan esa parte de los gestores públicos de Castilla-La Mancha.
Según ha presumido Martínez Guijarro, este modelo de declaración aprobado este martes es el «más completo» de todos los utilizados por los gobiernos regionales y «mucho más completo» que los utilizados en las declaraciones que realizan los diputados en las Cortes Generales.
CURRÍCULOS ALTOS CARGOS
De otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado otro acuerdo por el que se aprueba la estructura, el contenido y la publicación del currículum académico y profesional de los altos cargos.
Según ha afirmado el vicepresidente primero, el Gobierno de Castilla-La Mancha es el primero que establece una regulación específica del currículo académico y profesional de sus altos cargos «en su política de máximo compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ante los ciudadanos».
Este acuerdo contempla una distinción entre los títulos oficialmente reconocidos e incorporados en un archivo que gestiona el Ministerio con competencias en materia de educación y universidades con los títulos que no tienen la consideración de título oficial pero que pueden estar expedidos por universidades públicas o privadas como títulos propios de las mismas.
Igualmente, se plantea una distinción entre el currículo profesional y el currículo político de los altos cargos, distinguiendo los puestos de responsabilidad en los empleos que haya podido tener en empresas privadas o públicas con anterioridad a la toma de posesión como alto cargo con los puestos de representación que haya podido tener en distintas instituciones municipales, regionales o nacionales así como puestos de responsabilidad que haya ostentado en las formaciones políticas o cualquier otras entidades sin ánimo de lucro.
«Somos la primera comunidad autónoma que regula de manera oficial cómo se tiene que publicar el currículo de los altos cargos y se le encomienda a la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno la comprobación de los datos que se aportan por parte de la persona que ocupa el cargo público», ha concluido Martínez Guijarro.
