Cargando...El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha asegurado que esta medida articula “una respuesta eficaz para hacer frente a la amenaza apremiante que supone el cambio climático a escala ambiental, económica y social”.
La reducción de gases de efecto invernadero, la aprobación de las leyes de Cambio Climático y de Economía Circular, el impulso de una transición energética justa y el fomento de las energías renovables figuran entre los compromisos adquiridos por el Ejecutivo regional.
El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha presentado este lunes la Declaración de Emergencia Climática, un decálogo de 19 medidas económicas, ambientales y sociales orientadas a aminorar los efectos del cambio climático. “Se trata de dar respuesta urgente y eficaz a la amenaza apremiante del cambio climático y responder a las exigencias de la sociedad y cumplir los acuerdos adquiridos a escala internacional”, ha subrayado Escudero. El Consejo de Gobierno aprobará este martes la declaración, que será sometida a votación en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha del próximo jueves.
Castilla-La Mancha se convierte así en la quinta comunidad autónoma de España en activar una Declaración de Emergencia Climática. Redactada conforme a los fines fijados en el Acuerdo de París de 2016 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, entre los compromisos que contempla esta declaración figura la reducción progresiva de la emisión de gases de efecto invernadero; el desarrollo de la Estrategia Regional de Cambio Climático, Horizontes 2020 y 2030; y el impulso de dos leyes de especial trascendencia: la de Cambio Climático y la de Economía Circular. Ésta última, tal como ha puntualizado Escudero, supone una ley “pionera en España que dará lugar a un cambio en el modelo productivo de la economía regional” y que, además, conllevará la creación de hasta 30.000 nuevos puestos de trabajo.
A ello se suma la voluntad del Gobierno regional de fomentar la transición energética mediante la expansión de las energías renovables y la eficiencia energética; así como impulsar el uso sostenible del agua, la agricultura ecológica. Los objetivos también contemplan activar campañas de sensibilización social y promover la colaboración entre las diferentes administraciones públicas para combatir el cambio climático. “Este Gobierno apuesta decididamente por llevar a cabo medidas y políticas que limiten los impactos del calentamiento global y que potencien la resiliencia de la región”, ha señalado Escudero
La Declaración de Emergencia Climática señala que la temperatura media regional se ha incrementado 1,4ºC en los últimos 40 años. En Castilla-La Mancha, las precipitaciones se han reducido de manera importante al tiempo que se ha incrementado la frecuencia y la intensidad de fenómenos meteorológicos extremos como tormentas, sequías, precipitaciones intensas y olas de calor. Estos cambios en el clima alteran los ecosistemas y la biodiversidad.
Escudero ha hecho hincapié en que la Junta de Castilla-La Mancha “es consciente de la importancia que el cambio climático tiene a escala ambiental, social y económica”. De ahí la puesta en marcha de políticas que han permitido reducir un 34 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero en la región respecto a 2005. En este sentido, el consejero de Desarrollo Sostenible ha subrayado en que la Declaración de Emergencia Climática “no es una medida aislada, sino que forma parte de una estrategia global contra el cambio climático”.
Ya entre 2015 y 2019, el Gobierno de Castilla-La Mancha rubricó su compromiso con el medio natural a través de iniciativas como la Ley Antifracking, la oposición a la construcción del cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca), el desarrollo de proyectos empresariales relacionados con las tierras raras en la provincia de Ciudad Real o a los cerca de 40 recursos presentados contra los trasvases aprobados desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura. A ello hay que sumar otras medidas orientadas a fomentar la eficiencia energética, las ayudas para la adquisición y transformación de vehículos eficientes, y la Estrategia Regional de Biomasa, que ha evitado hasta ahora la emisión de cerca de 2.800 toneladas de CO2 a la atmósfera.
