Cargando...Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE) han mostrado su apoyo a la marcha de pensionistas que desde el próximo lunes recorrerá las provincias de Ciudad Real y Toledo hasta llegar a Madrid con el objetivo de manifestarse en la capital el día 16 de octubre para exigir la defensa de las pensiones públicas.
En nota de prensa, IU ha informado de que dicha marcha, organizada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), recorrerá unos 630 kilómetros a pie, desde Rota (Cádiz) hasta Madrid, pasando por Almuradiel, Valdepeñas, Manzanares, El Viso de San Juan, Madridejos, Tembleque y Dosbarrios, entre otras localidades.
Tanto Izquierda Unida como el Partido Comunista han defendido la necesidad de consolidar el sistema público de pensiones, fijando por ley su revalorización conforme al índice de precios al consumo (IPC).
Además, han hecho hincapié en la urgencia de «reforzar» las pensiones no contributivas, dado que «son parte fundamental para corregir las desigualdades, sobre todo las de género».
Ambas organizaciones han lamentado que la Seguridad Social acumule siete años de déficit y que el Fondo de Reserva de las pensiones haya sido «sistemáticamente saqueado», aspectos que obedecen, en su opinión, a la reforma del artículo 135 de la Constitución, aprobada en 2011 por el PSOE y el PP y en la que «el pago de la deuda tiene carácter prioritario frente a las políticas sociales».
Por eso, «el dinero de la hucha de las pensiones ha sido sistemáticamente utilizado para rescatar autovías o bancos privados», han criticado ambas formaciones.
Además, han agregado que las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores, quienes se enfrentan, según IU y el Partido Comunista, a «salarios cada vez más bajos y a empleos de peor calidad».
Los dos partidos políticos han explicado que el sector financiero «tiene interés» en «privatizar» el sistema público de pensiones mediante planes privados cuya rentabilidad, han asegurado, es «casi nula», a lo que se suman «los cuantiosos gastos en materia de comisiones». «Una oportunidad para hacer negocio especulando con el futuro de los trabajadores», han concluido.
