Cargando...En la reunión de urgencia que ha celebrado en Ciudad Real, con el fin de analizar en profundidad el plan de ajuste anunciado por la presidenta Cospedal, el máximo órgano territorial de UPyD de Castilla- La Mancha ha rechazado con rotundidad la mayoría de las principales medidas del citado Plan, porque además de ser tremendamente injusto con los ciudadanos y los empleados públicos, supone un grave ataque a los servicios básicos que pretende garantizar y porque su aplicación tampoco va a solucionar la grave situación económica de Castilla-La Mancha.
En primer lugar, la formación magenta ha criticado la decisión de bajar el sueldo a los empleados públicos en un 3% del sueldo bruto, porque los mismos ya han sufrido un duro ajuste en estos dos últimos años, primero con la reducción media del 5% de su salario acordada por el Gobierno de Zapatero en 2010 y su congelación durante 2011, lo que sumado a la reducción acordada por Cospedal, supone que en tres años los empleados públicos de la Junta habrán sufrido, al menos, un 12% de reducción media de sus retribuciones. Asimismo, UPyD ha criticado el incremento de la jornada semanal de los empleados públicos, por demagógico, puesto que en la práctica no va a suponer una mayor productividad ni un mejor servicio a los ciudadanos y por contra un impedimento más a la difícil conciliación de la vida familiar y laboral.
La formación magenta ha señalado además que la disminución del salario de los empleados públicos en una región en la que este colectivo supone un importante porcentaje de la población activa (alrededor del 20%), supondrá una desaceleración del consumo privado, lo que afectará gravemente al sector servicios de la región, lo que sin duda supondrá un incremento del desempleo y un freno al crecimiento económico de la Comunidad Autónoma.
La ejecutiva regional ha rechazado también la medida de traspasar a la gestión privada de los hospitales de Tomelloso, Manzanares, Almansa y Villarrobledo, por ser el punto de partida de la privatización de un servicio básico, tal y como está pasando en la Comunidad de Madrid, de la que se ha copiado esta decisión y que efectos tan perniciosos están produciendo para las prestaciones sanitarias de los ciudadanos de la comunidad vecina. De igual manera, se ha denunciado por la formación política, la reducción prevista del personal sanitario que supondrá ineludiblemente una disminución de la calidad de la asistencia sanitaria.
UPyD, critica asimismo las medidas educativas del Plan de Ajuste, que pasan por disminuir la calidad de la educación pública y por el contrario la potenciación de educación concertada, en este sentido, la formación magenta recuerda que su programa electoral apostaba claramente por el refuerzo de la educación pública y por una progresiva disminución de la financiación de la educación concertada. Por otra parte, se han rechazado otras medidas por populistas y de mero marketing político como la de que los miembros del ejecutivo utilicen vehículos de gama media, cuando sería mucho más eficaz para la reducción de los gastos que se suprimieran la utilización de vehículos oficiales y de sus correspondientes conductores para la mayor parte de los Altos Cargos regionales, que suponen incluso la utilización de estos coches para su traslado desde su lugar de trabajo a su residencia habitual, lo que en ocasiones supone desplazamientos diarios fuera de la provincia de Toledo.
Por último, Celia Cámara, máxima responsable de UPyD Castilla-La Mancha, critica que la presidenta Cospedal someta a un duro ajuste a los ciudadanos de la región y a los empleados públicos de la Junta, cuando algunos miembros significados del PP regional no son precisamente un ejemplo de austeridad, puesto que van a cobrar dos sueldos del erario público (caso de los Alcaldes de Ciudad Real y Guadalajara, Rosa Romero y Antonio Román respectivamente), y reitera las medidas solicitadas esta misma semana por la formación magenta con el fin de reducir considerablemente los gastos públicos, sin que las mismas afecten a los más débiles, y que básicamente pasan por reducir drásticamente los gastos superfluos, como son la disminución drástica del personal de alta dirección y de asesores, supresión de fundaciones y empresas públicas innecesarias, eliminación de subvenciones clientelistas, privatización de la Televisión Autonómica y reducción de otros gastos no productivos, lo que a día de hoy, el gobierno de Cospedal no ha realizado en su totalidad.
