Martínez Guijarro ha avanzado además la incorporación de un paquete de casi cuarenta medidas “para la reactivación de la actividad económica” al tiempo que se ha apostado por una revisión de la fiscalidad de la comunidad autónoma
Se ha planteado un paquete importante de medidas orientadas a garantizar los servicios públicos esenciales en la región, como las nuevas infraestructuras sanitarias, así como todo lo relacionado con la actividad asistencial
El vicepresidente ha insistido en que todas las decisiones que se tomen para paliar la situación derivada de la pandemia del coronavirus “tienen que tener reflejo en los correspondientes presupuestos de la región los próximos años”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado a los representantes de los grupos políticos con presencia en las Cortes regionales –PP, PSOE y Ciudadanos– un documento con cerca de 80 medidas para hacer frente a la crisis económica y social fruto de la pandemia de coronavirus y entre las que el vicepresidente autonómico, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado la tramitación de una ley de medidas urgentes “que signifique una simplificación importante de los trámites a los que se ven sometidos cualquier proyecto o actuación empresarial que se quieran llevar a cabo en nuestra comunidad autónoma”.
Una medida que se contempla en ese documento remitido también a los agentes sociales y económicos –UGT, CCOO y CECAM–, a los presidentes de las cinco diputaciones provinciales, así como a la presidenta de la FEMP en Castilla-La Mancha y a los representantes del Tercer Sector, y que supone el esquema de trabajo para elaborar el plan de recuperación económica y social una vez superada la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Martínez Guijarro ha avanzado además la incorporación de un paquete de casi cuarenta medidas “para la reactivación de la actividad económica” al tiempo que se ha mostrado partidario de hacer una revisión de la fiscalidad de la comunidad autónoma en el ámbito de competencias que tiene la región “y planteamos que hay que hacer algún tipo de acuerdo en materia de contratación pública”.
Según ha detallado el vicepresidente, el objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha es actuar con carácter inmediato para atajar problemas de familias que han perdido el empleo y tienen problemas de ingresos económicos y garantizar que puedan, “sin dejar a nadie en el camino”, hasta que haya recuperación económica.
Por ello se han planteado un paquete importante de medidas orientadas a garantizar los servicios públicos esenciales en la región, como las nuevas infraestructuras sanitarias, así como todo lo relacionado con la actividad asistencial “que tenemos que recuperar en nuestra comunidad”.
Reflejo presupuestario
En este sentido, el vicepresidente ha insistido en que todas las decisiones que se tomen para paliar la situación derivada de la pandemia del coronavirus “tienen que tener reflejo en los correspondientes presupuestos de la región los próximos años” porque estamos trabajando en un plan de recuperación “que va a más allá de ésta y de la siguiente legislatura” y que necesitan del mayor consenso social, lo que hace “imprescindible” el papel de las diputaciones y de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha.
Finalmente, Martínez Guijarro ha avanzado que el Gobierno regional está trabajando en la elaboración de una normativa específica de ayudas excepcionales con motivo de esta crisis, para lo que es necesario saber cuáles son las líneas maestras de ese futuro ingreso mínimo vital que puede aprobar el Gobierno de España en las próximas semanas y cuyo diseño se abordará esta tarde en una videoconferencia con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
