Hasta el próximo 12 de noviembre se podrá consultar el proyecto de Decreto de la ordenación de las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales para personas en situación de dificultad económica y social en el que trabaja la Consejería de Bienestar Social.
Para poder participar es necesario acceder al portal de Participación de Castilla-La Mancha.
Recuerda el departamento que dirige Aurelia Sánchez, y recoge Europa Press, que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye competencias exclusivas a la Junta de Comunidades en materia de asistencia social y servicios sociales y que, en el ejercicio de estas competencias estatutarias se aprobó la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha de 2010, que apuesta por la universalidad, la equidad y la igualdad en el acceso de todas las personas a los servicios sociales y en el que se reconocen sus derechos en relación al sistema público de servicios sociales.
De igual modo, rememora que el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo tiene por objeto la creación y regulación del Ingreso Mínimo Vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
«El Ingreso Mínimo Vital se configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica en los términos que se definen en este real decreto-ley. A través de este instrumento se persigue garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias y forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva», ha defendido la Consejería.
De ahí que considere «necesario» ordenar las prestaciones económicas que gestionar para ajustarlas a la regulación del Ingreso Mínimo Vital, con el fin de dar protección a aquellas personas que quedan fuera de su cobertura.
La nueva norma pretende desarrollar la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, en lo que a las prestaciones económicas se refiere, con la finalidad de ordenar el sistema de prestaciones sociales y adaptar la normativa autonómica a la regulación del Ingreso Mínimo vital.
CRÍTICAS DEL TERCER SECTOR
Aurelia Sánchez avanzaba la creación de este nuevo Decreto después de la polémica generada tras la decisión del Ejecutivo regional de dejar sin efecto el Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Tanto sindicatos, como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, (EAPN), el Colegio de Trabajadores Sociales de Castilla-La Mancha o Cáritas Castilla-La Mancha han criticado la decisión del Ejecutivo autonómico y han alertado de sus consecuencias. Incluso Podemos ha presentado un recurso de alzada contra la eliminación de esta prestación autonómica.
En su defensa, la consejera de Bienestar Social ha alegado que su departamento ha llevado a cabo una modificación para «no incorporar a más personas al Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), sino trabajar para que estas se incorporen al Ingreso Mínimo Vital», prestación, «mucho más ventajosa para las personas y las familias».
