El sindicato ANPE ha logrado una doble victoria judicial frente a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha tras demostrar el incorrecto cálculo de los méritos de una maestra interina, afiliada a ANPE Toledo, lo que había provocado una reducción injustificada de su puntuación en la bolsa de trabajo y de las cantidades económicas que debía percibir.
Según ha informado el sindicato, el conflicto se originó cuando la Dirección General de Recursos Humanos aplicó un criterio de baremación que limitaba la antigüedad de la docente conforme a las reglas del proceso selectivo, en lugar de aplicar el máximo previsto en la orden que regula las bolsas de docentes interinos, normativa que sí reconoce el derecho a computar todos los años de servicio.
Un error en la baremación de la experiencia docente
Desde el primer momento, ANPE advirtió a la Administración educativa de que estaba cometiendo un error en el cálculo de la experiencia de la docente. Esta advertencia se produjo incluso después de que una primera sentencia judicial ya reconociera el derecho de la maestra a que se le valoraran correctamente los años trabajados.
Sin embargo, pese a esa resolución favorable, la Consejería mantuvo la aplicación del baremo más restrictivo, lo que, según el sindicato, supuso una limitación “artificial” de los años de servicio reconocidos y una reducción de la indemnización y los atrasos que debía percibir la profesora.
La situación resultaba aún más contradictoria porque el propio director general de Recursos Humanos había reconocido previamente en una resolución administrativa el derecho a la puntuación correcta que posteriormente han ratificado los tribunales.
Segunda sentencia favorable y condena económica
Ante el incumplimiento de la primera sentencia, ANPE se vio obligado a promover su ejecución judicial, al considerar que la Administración no estaba aplicando íntegramente el fallo ni respetando la normativa que regula las bolsas de docentes interinos en Castilla-La Mancha.
Finalmente, el juzgado ha vuelto a dar la razón al sindicato y ha obligado a la Consejería de Educación a reconocer la puntuación real de la docente. Además, la Administración ha sido condenada a abonar más de 55.000 euros en concepto de atrasos, a los que se suman los intereses de demora y las costas procesales.
Desde ANPE lamentan que haya sido necesario acudir dos veces a los tribunales para que se reconociera un derecho que consideran claro desde el inicio.
El sindicato ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos del profesorado y anima a los docentes de Castilla-La Mancha a consultar cualquier duda relacionada con su baremación, su posición en las bolsas de trabajo o el reconocimiento de sus servicios profesionales.
