La portavoz y vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha anunciado esta mañana que el PSOE va a acudir a los tribunales y a la oficina del Defensor del Pueblo “como organización y apoyando denuncias individuales”, porque, según ha asegurado “las revisiones de oficio que está haciendo el Gobierno de Cospedal a los dependientes, sobre todo a los menores, son ilegales”. De hecho, ha animado a las familias afectadas para que denuncien y se pongan en contacto con el PSOE “porque lo que está haciendo la Consejería es una escandalosa ilegalidad”.
Maestre se pronunciaba de esta manera esta mañana, en Toledo, en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que, en primer lugar, “lamentaba el silencio de Cospedal y del consejero” después de que en las últimas semanas “sean ya muchas las familias que estén denunciando estas revisiones de oficio y que, además, en todos los casos, esas revisiones tengan como resultado que a los dependientes se les recorten o, directamente, se les quiten las prestaciones”.
La portavoz socialista señalaba que el único miembro del Gobierno regional que ha hablado en algunos medios de comunicación del asunto ha sido el director general de la Consejería, “y lo ha hecho para mentir descaradamente al hablar de la Ley que faculta para hacer las revisiones de oficio y al señalar que con el anterior Gobierno también se hacían”.
Todo lo contrario, Cristina Maestre se refería al acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre modificación del baremo de valoración de la situación de dependencia establecido en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, publicado en el BOE del 12 de julio de 2010, que, según ella, establece con claridad el criterio de que “no se podrán revisar la situación de ningún dependiente que ya haya sido reconocido salvo informe técnico previo que lo justifique para evaluar si la persona ha mejorado o empeorado en su situación de dependencia”.
La dirigente socialista, haciéndose eco de decenas de denuncias de las familias afectadas y del propio Colegio de Trabajadores Sociales de la región constataba que “en ninguna de las revisiones de oficio que se están haciendo en Castilla-La Mancha, en ningún caso, hay informes técnicos previos que justifiquen esa revisión”.
Es más, “en el caso de los menores”, proseguía Maestre, “ni siquiera se está respetando lo que dice la Ley en relación a las edades a las que debe a procederse a esas revisiones”. De esta manera, la norma establece ese requisito cuando el menor cumpla “6 meses, 3 años, 6, 7, 11, 14 y 18 años, y aquí se está procediendo a revisar de oficio de a menores dependientes de cualquier edad, también sin informe previo”.
