Esta nula presencia de la educación demuestra que sigue sin ocupar el lugar relevante que debería corresponderle por ser la actuación política más transformadora para el futuro de un país y por tanto una de las acciones más trascendentes que puede llevar a cabo un Gobierno.
En el marco de este Debate sobre el estado de la Nación, el presidente del Gobierno ha anunciado la superación de la crisis económica. Si este optimismo está fundamentado, es el momento de anunciar el cese de los recortes en educación que han castigado duramente al sistema educativo en general y al profesorado en particular desde el inicio de los ajustes presupuestarios. La educación ha estado sometida a incesantes recortes mientras se han seguido manteniendo gastos menos prioritarios para el desarrollo y progreso de nuestro país. Esto ha dificultado sustancialmente no solo la atención de calidad a los alumnos sino el desarrollo de los programas de mejora de los centros, por lo que son claramente incompatibles con el desarrollo de una Ley de Educación que lleva en su título las palabras “mejora de la calidad”.
El profesorado presta a la sociedad un servicio esencial, y sus condiciones de trabajo no pueden estar en constante variación según los criterios que vayan marcando las políticas. Por ello, ANPE lleva años exigiendo que todo lo relacionado con las condiciones de trabajo del profesorado se aborde ya en el Estatuto Docente. De esta norma marco tan necesaria para el profesorado – que el ministro de Educación prometió y continúa a día de hoy sin propuesta formal ni calendario de negociación – no se ha dicho ni una sola palabra en este debate.
Por tanto, ante el anuncio de recuperación económica, ANPE exige la derogación inmediata del Decreto 14/12 de ajuste del gasto educativo. Es imprescindible revertir sus efectos que han afectado a la configuración de plantillas, aumento de ratios, incremento de horario, no cobertura de las bajas por enfermedad y una importante disminución del número de profesores. Aumentar la inversión educativa y recuperar los derechos perdidos por el profesorado son premisas imprescindibles de cara al desarrollo de la LOMCE que comienza a aplicarse el curso próximo. El Gobierno debe dar este paso adelante como muestra de su voluntad real de mejorar la educación.
La educación debe estar en el centro de las prioridades y fuera de la constante confrontación política. Nuestro país no puede permitirse la indiferencia ante los problemas del sistema educativo en el marco de unos graves ajustes presupuestarios cuya justificación por la crisis económica parece haber pasado.
