Cargando...“Ni había mil muertos cobrando indebidamente la dependencia, ni el anterior Gobierno pagó 15 millones de euros de manera irregular. Que no nos pidan disculpas a nosotros, al PSOE, pero que sí le pidan perdón a los dependientes, a sus familias y a los profesionales, a los que el Gobierno de Cospedal acusó sabiendo que estaba mintiendo”. De esta rotunda manera comenzaba hoy la diputada nacional por la provincia de Toledo en el Congreso, Guadalupe Martín, su comparecencia ante los medios de comunicación.
Una rueda de prensa que Martín ofrecía para dar a conocer los detalles del Informe Preliminar que el Tribunal de Cuentas ha hecho sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en toda España y que, decía Martín, “pone en evidencia en Cospedal y su Gobierno mintieron, que aquí no hubo picaresca y que la gestión de esta Ley con el anterior Gobierno del PSOE era mucho mejor que la que se hace ahora en Castilla-La Mancha”.
La dirigente socialista detallaba cómo el informe pone de manifiesto que, tras la regularización de los más de 2.000 expedientes en los que se detectó alguna posible irregularidad en Castilla-La Mancha el año pasado, “el resultado es que el Estado le debe reintegrar a Castilla-La Mancha un millón de euros, y Castilla-La Mancha al Estado apenas 35.000 euros cobrados indebidamente. Ni se cometían irregularidades, ni había muertos cobrando sin deber hacerlo, ni la administración pagaba conscientemente sin tener que hacerlo”.
Guadalupe Martín insistía en que “el informe deja a las claras que Castilla-La Mancha no ha recuperado ni un euro de los 15 millones de los que hablaba el señor Echániz porque no existían los muertos que estaban cobrando”.
Es más aclaraba que los 6 millones que ha recuperado la Junta incluyen, y así lo dice el Tribunal de Cuentas, “el dinero que el Gobierno de Cospedal le está pidiendo a los dependientes a los que ahora, con las revisiones de oficia, les está rebajando el grado y les está recortando o quitando directamente la prestación que antes percibían”.
El Informe, extensivo a la aplicación de la ley de la Dependencia en toda España, también analiza otra serie de indicadores que, según la diputada nacional socialista en el Congreso, le sacan los colores al Gobierno de Cospedal.
En primer lugar, describe cómo se pagan ahora las prestaciones económicas a las que tienen derecho los dependientes. El análisis concluye, según Martín, que en Castilla-La Mancha “cuando se reconoce el derecho a una nueva prestación económica por dependencia, lo que se hace es dejar en suspenso el pago hasta el siguiente año, cuando se incorporan nuevos créditos presupuestarios. Esto demuestra que el modelo de créditos ampliables a lo largo del año, que es lo que hacía el Gobierno del PSOE, es mucho más eficiente y, sobre todo, mucho más justo para la persona que tiene derecho a recibir ese pago”.
Por otro lado, Martín se refería la que denominaba “la contabilidad B del Gobierno de Cospedal en materia de Dependencia”. Según ella, el Gobierno de Castilla-La Mancha se adscribió desde el principio al sistema nacional de datos del Imserso, y lo que está ocurriendo desde que Cospedal llegó al Gobierno, como sostiene el Tribunal de Cuentas, es que “somos la segunda región de España que más tarda en registrar las nuevas solicitudes para ser declarado dependiente y la segunda que más tarda luego en reconocer y pagar la prestación cuando el dependiente tiene derecho a ella”.
Y finalizaba con otra frase igual de rotunda que con la que comenzaba su intervención ante los medios:”Hay expedientes de solicitudes de dependientes guardadas en cajas que tardan tres meses en ser registradas en el sistema y tenemos más de 10.000 dependientes reconocidos y con derecho que aún no perciben ninguna prestación”.
