La Coordinadora Regional de UPyD en Castilla la Mancha, Celia Esther Cámara denuncia que, concretamente, con Cospedal al frente de la Junta, se constata la existencia de 4.533 beneficiarios menos de la Ley, 10.700 personas que tienen reconocido el derecho pero no reciben ninguna prestación y 5.000 en lista de espera para ser valorados de su grado de dependencia. Junto a este declive, ha asegurado que «el 90 por ciento de las cuidadoras que atendían a un dependiente en el entorno familiar han perdido su prestación y la cotización a la seguridad social que el Estado pagaba por ellas en Castilla-La Mancha».
Además, ha subrayado que, en estos instantes, “ateniéndonos al XII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, de enero de 2014, contemplamos que la atención a la dependencia ha sometido a tal estrés presupuestario a las CC.AA. que la potenciación y mejora que requerirían los Servicios Sociales en España se hacen imposibles”. Siendo la política de Cospedal la mejor evidencia de ello, y la aniquilación de Cocemfe, al igual que la “guerra de datos” entre PP y PSOE con las aclaraciones al respecto de la Plataforma por la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, la impericia añadida de la Administración, contemplada por UPyD.
Este partido, a tenor asimismo del Observatorio, no puede aceptar esa “pelea por los fondos” entre CC.AA. en un circuito cerrado en el que la aportación estatal es siempre la misma o incluso menor. “Esto significa que si no se incrementa el importe de la aportación estatal sustancialmente, seguimos en un sistema tramposo e imposible de soportar para los gestores autonómicos”, colige el OED y reitera su Coordinadora Territorial en Castilla-La Mancha.
Desde UPyD se pone de manifiesto que “la Administración General del Estado está incumpliendo clamorosamente sus obligaciones legales en materia de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia”, y, mediante el presente comunicado, exige que se cumpla correctamente y de manera justa la Ley de Dependencia. Con ésta, advierte de igual modo la necesidad de revisar el Real Decreto que reformó el sistema bajo la presión desorientada de la austeridad. Una disposición que ha repercutido gravemente en el bienestar general de las personas asistidas, rebajando su protección y disminuyendo todos los elementos auxiliares del sistema (económicos, profesionales, institucionales, etc.).
