Cargando...El Grupo Socialista ha planteado un debate en el próximo pleno de las Cortes sobre la necesidad de aprobar, de nuevo, una ley que garantice los derechos con los que contaban anteriormente los ciudadanos en materia de tiempos máximos de espera sanitaria.
Martínez Guijarro, que lamentó que la sanidad castellano-manchega esté siendo noticia negativa de manera frecuente, argumentó que los datos demuestran que es más necesario que nunca esta ley, ya que en los últimos tres años las listas de espera en la región se han incrementado espectacularmente. “Hoy hay 150.000 castellano-manchegos en lista de espera sanitaria, de los que más de 42.000 están esperando una operación – un 60 por ciento más de los que había al inicio de la legislatura-“.
Para el portavoz socialista, el objetivo de esta ley sería establecer que un ciudadano, tendría que esperar como máximo 90 días para ser operado, 30 días para someterse a una consulta externa y 20 días para una prueba diagnóstica. “Y para conseguirlo, proponemos la puesta en marcha de un plan de racionalización y reducción de las listas de espera, que contemple la contratación de personal sanitario y la utilización de todos los recursos y medios técnicos del Sescam”.
De no cumplirse esos tiempos máximos, explicó Martínez Guijarro, ocurriría como con la anterior ley, que los ciudadanos tendrían derecho a elegir un centro sanitario público o privado para recibir la oportuna atención médica.
Por otra parte, el Grupo Socialista también plantea que el Sescam publique todos los meses el número de personas que están en lista de espera sanitaria y el tiempo medio por especialidades, “algo que actualmente no hacen, demostrando así la absoluta falta de transparencia del Gobierno de Cospedal”.
Igualmente, plantean la necesidad que el Ejecutivo, anualmente, presente un informe con toda la información sobre listas de espera ante las Cortes de Castilla-La Mancha así como la constitución de una comisión de seguimiento sobre este asunto compuesta por representantes del gobierno, de los grupos parlamentarios, colegios profesionales de médicos y enfermería, sindicatos y asociaciones de pacientes.
