El secretario general regional y candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, han presidido hoy una reunión de coordinación de diputados socialistas en los Parlamentos nacional y regional en la que se han coordinado las iniciativas relacionadas con Castilla-La Mancha que va a llevar el grupo socialista a la Cámara Baja nacional en las próximas semanas.
Dos de esas iniciativas destacan por encima del resto. Antonio Hernando avanzaba la presentación de una Proposición No de Ley para pedir un Plan de Empleo especial para la región.
Y lo justificaba recordando que “desde que gobierna Cospedal, en Castilla-La Macha hay 50.000 parados más y 85.000 puestos de trabajo menos, el paro juvenil es el más alto de España y lo más preocupante es la ausencia absoluta de soluciones del Gobierno regional ante esta situación”.
Además, el portavoz socialista en el Congreso detallaba toda una batería de medidas en relación con el cementerio nuclear de Villar de Cañas, su paralización, y el cese, ayer mismo, del ex presidente de Enresa, Francisco Gil Ortega.
“Su nombramiento lo impuso Cospedal y su cese, por tanto, es una desautorización de Cospedal”, decía, y añadía que los socialistas quieren “una auditoría de Enresa, los contratos y todos los precontratos firmados durante la etapa de Gil Ortega en relación con el ATC y las comparecencias del ministro de Industria y del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear”.
Sobre este asunto, Emiliano García-Page sostenía que no se han entendido nunca las prisas de Cospedal y Gil Ortega por dejar adjudicados los contratos cuando existen aún muy serias dudas sobre la idoneidad de los terrenos de Villar de Cañas y ha concluido que todo ello, “lo que hacía era provocar muchas sospechas sobre el proyecto. Antes de llegar los residuos radioactivos, parece que en Villar de Cañas ya había muchas cosas radioactivas”.
En otro orden de cosas, Hernando se ha referido también a las noticias, conocidas esta mañana, sobre la confirmación por parte de la IGAE del pago en negro de las obras de la sede nacional del PP y la petición de 8 años de cárcel de la Fiscalía a la cúpula del PP valenciano.
El dirigente socialista ha dicho que “a día de hoy, en España, las únicas dos personas que no quieren enterarse de que el PP se financió de manera ilegal son Rajoy y Cospedal”.
