El auto señala que el Tribunal Supremo se declara incompetente para conocer la cuestión de inconstitucionalidad planteada por los sindicatos y, por tanto, sin entrar en el fondo del asunto traslada el procedimiento al Tribunal Constitucional.
Por tanto, y tras haber ganado en reiteradas ocasiones y en diferentes tribunales sentencias sobre el fondo del asunto, el Ejecutivo regional destaca que esta Ley es perfectamente constitucional y confía en la resolución favorable por parte del TC.
El Tribunal Supremo no resuelve sobre el fondo del asunto, sino que acuerda dar traslado al máximo órgano constitucional, para que éste decida si la competencia en cuestiones de coordinación de la planificación general de la actividad económica, que tiene el Estado de forma exclusiva, tiene preferencia frente a las competencias de autonomía financiera y autoorganización de la comunidad autónoma.
Desde 2012, año en el que entró en vigor la Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, la misma se ha venido aplicando con éxito, sin que los tribunales hayan puesto en entredicho su contenido.
Por ello, el comportamiento de los dirigentes de las organizaciones sindicales implicadas llama la atención, puesto que son los mismos que negaron la crisis cuando ésta ahogaba a Castilla-La Mancha, y en la actualidad también niegan la recuperación económica cuando en nuestra región la generación de empleo es una realidad.
Por tanto, con esa actitud demuestran que su único y principal objetivo ha sido y es mantener los fondos recibidos de la Administración, a pesar de que esto pueda suponer la puesta en riego de la Sanidad, la Educación o los servicios sociales básicos de los ciudadanos.
