Podemos Castilla-La Mancha ha presentado en la tarde de hoy su Plan de Rescate Ciudadano, una serie de medidas que la formación se compromete a desarrollar en los cien primeros días de gobierno y que están encaminadas a atender la situación de “emergencia social” de la región. El plan, que ha sido expuesto por el candidato a la presidencia de la Junta, José García Molina y por la número dos por Toledo y secretaria de Rescate Ciudadano de Podemos, María Díaz, es una de las patas del programa electoral del partido que se hará público durante los próximos días.
El Plan de Rescate Ciudadano está dividido en once bloques entre los que Podemos destaca la puesta en marcha de la Ley 25 de emergencia social, los Procedimientos de Emergencia Ciudadana, el Plan de Garantía de Renta y el Rescate contra el sobreendeudamiento.
La Ley 25 de emergencia social es una propuesta con la que Podemos se compromete a paralizar los desahucios de deudores de buena fe que no hayan podido hacer frente a sus deudas por problemas económicos. Además, esta ley estipula recuperar el carácter público del servicio de suministro de agua y garantizar un mínimo vital de subsistencia para los suministros de luz y gas.
La Ley 25 de emergencia social estaría complementada por el Rescate contra el sobreendeudamiento, que estipula la limitación de la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado. Este cambio supone reconocer el derecho a la dación en pago y abre la puerta también a reconocer como válida la demanda de la dación en pago retroactiva, ya que también se podrán acoger las personas con deudas hipotecarias vivas que hayan entregado su vivienda al banco.
Por otra parte, Podemos creará los Procedimientos de Emergencia Ciudadana, un mecanismo que facilitará las prestaciones necesarias para garantizar tanto la integridad física y psicológica como las condiciones de vida dignas de las personas. Estos pagos serían los primeros que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha efectuaría, justo después del pago de las nóminas a empleados públicos. Otras partidas como dietas, protocolo para altos cargos y la publicidad institucional, quedarán retenidas hasta el cumplimiento de estos pagos.
La cuarta gran medida del Plan de Rescate Ciudadano de Podemos es la reforma, mejora y coordinación del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) y otras medidas de garantía de renta de Castilla-La Mancha mediante un Plan de Garantías de Rentas. Esta propuesta contempla el aumento de la actual cuantía mensual del IMS en Castilla La Mancha (372,26 euros) hasta alcanzar la media nacional (418,58 euros). También considera acelerar los trámites administrativos para su valoración y percepción y permitir que estas Rentas Mínimas no se pierdan cuando los perceptores complementan sus remuneraciones con algún tipo de trabajo siempre y cuando no sobrepase el salario mínimo interprofesional (compensado con los baremos en virtud del número de hijos e hijas).
Estos cuatro bloques del Plan de Rescate Ciudadano estarán acompañados por otros siete que son: Rescate fiscal y lucha contra el fraude, Rescate de servicios y fondos públicos, Rescate Sanitario, Rescate a personas dependientes, Rescate educativo, Rescate autónomos y Pymes y Atención inmediata a víctimas de la violencia de género.
Con estas medidas Podemos Castilla-La Mancha quiere hacer frente a la situación de emergencia social que ha derivado la gestión política de la crisis.
Castilla-La Mancha es la región donde más crece el índice de población en riesgo de pobreza o exclusión social. Mientras que en el 2009 era un 28,6% de personas las que pertenecían a este grupo, en 2013 llegaron hasta un 36,7%. Frente a esta situación el Gobierno Regional ayuda diez veces menos a las familias de la región que la media española. La Junta sólo ayudó en 2013 a 1.297 familias entre 283.480 hogares empobrecidos que necesitan ayuda de los servicios sociales públicos. Castilla La Mancha fue la región que más redujo el gasto en servicios sociales en los años 2011 a 2013: un 28,18% frente a una media nacional que fue del 13,3%.
Como últimos datos, el Programa ejecutado de Prestaciones y Ayudas Económicas de Servicios Sociales de la Junta (312A) se ha reducido en los últimos cuatro años unos 701,3 millones, un 77,79% aproximadamente; tres de cada cuatro prestaciones han sido suprimidas o recortadas en estos años. Nuestra región es la que más ha recortado de toda España en Educación (31,37%), Servicios Sociales (50,87%), Políticas de Empleo (51,19%), Políticas de Género (37,95%), y es la segunda que más lo ha hecho en Sanidad (17%).
