Cargando...Representantes del PSCM-PSOE y Podemos Castilla-La Mancha están manteniendo desde esta semana reuniones para alcanzar un acuerdo que posibilite la investidura de Emiliano García-Page como presidente de Castilla-La Mancha.
Las negociaciones están centradas en conseguir acuerdos en Transparencia Política, Rescate Ciudadano y Reforma Democrática de las Instituciones de la Comunidad Autónoma.
Ambas delegaciones esperan fijar con esta reunión el punto de partida de unas conversaciones que se extenderán a lo largo de la semana y que serán continuadas por los secretarios generales del PSCM-PSOE y Podemos Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y José García Molina, respectivamente, en los primeros días de la próxima semana, previa consulta a los órganos de ambas formaciones políticas.
La delegación del PSCM-PSOE está encabezada por Jesús Fernández Vaquero, secretario de Organización, y José Luis Martínez Guijarro, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, mientras que la delegación de Podemos Castilla-La Mancha la integran Francisco Gil Fuertes, secretario Político, y Jorge García López, secretario de Programa.
Según ha manifestado Jesús Fernández Vaquero, las conversaciones están siendo serenas, tranquilas, discretas y constructivas, y ha añadido que el acuerdo con Podemos Castilla-La Mancha será posible porque los dos partidos políticos están de acuerdo en que la prioridad para los ciudadanos de Castilla-La Mancha es cambiar la realidad política, social y económica de la Comunidad Autónoma que deja el Gobierno de María Dolores de Cospedal como consecuencia de su política de recortes y austeridad.
Por su parte, los representantes de Podemos Castilla-La Mancha han expresado su intención de basar sus conversaciones sobre propuestas concretas, “porque la gente quiere un cambio de políticas, no solo de caras o de marcas”. Podemos ha asegurado que el posible apoyo en la investidura de sus dos diputados no supondría en ningún caso un cheque en blanco para el PSOE, sino que mantendrán una oposición activa y constructiva para asegurar que la acción del gobierno se centra en mejorar la situación de la ciudadanía y no en otros intereses.
