Cargando...Podemos ha puesto en marcha esta iniciativa en todas las Comunidades Autónomas donde tiene representación parlamentaria de una manera coordinada. El objetivo de la propuesta es situar la renta como el elemento clave para el acceso a las ayudas y desarrollando un paquete de actuaciones que combinan garantía de suministro, ahorro, generación de renta y fomento del empleo mediante la dinamización de nuevos sectores de producción.
Situación de partida
El incremento de la desigualdad entre los ciudadanos españoles y la profundización de la pobreza son dos de las consecuencias más claras de la reciente crisis y, especialmente, de las medidas que se han tomado para enfrentarla. Desde hace pocos años, la pobreza energética se ha convertido en una de las dimensiones más palpables de los efectos de la crisis, una dimensión de la pobreza que, frente a los diagnósticos que señalan que estamos saliendo de la crisis, no hace sino aumentar en los últimos años.
Las dificultades para mantener los hogares a una temperatura adecuada, los cortes en el suministro de insumos como el gas, el agua o la electricidad se han convertido en un fenómeno habitual en nuestro país. A esto se une la subida de precios de los suministros energéticos que han agravado la situación. Desde 2008, en España la factura de la luz ha subido un 52%, la mayor subida de la UE, por delante de Francia (46%), Alemania (35%), Reino Unido (26%) e Italia (5%). Recientemente asistimos a la aprobación del Real Decreto que sanciona el autoconsumo y consagra el “impuesto al sol”.
Las medidas puestas en marcha hasta el momento para paliar la pobreza energética se han mostrado ineficaces para responder a este problema. El bono social eléctrico constituye el ejemplo más evidente. La prueba de ello es que entre el año 2009 y 2014, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha disminuido un 17,88% el número de solicitudes de las ayudas de bono social, precisamente cuando la crisis económica y sus impactos han sido más importantes.
Esta ineficacia se produce en gran medida por una definición errónea de los destinatarios de las ayudas (problema que comparte con otras ayudas regionales para el acceso al agua). La renta no es la variable determinante para el acceso a esta prestación y el sistema de acceso (fundamentalmente telemático) no responde a las posibilidades de los hogares que necesitarían estos bonos. La ayuda se distribuye de forma ineficiente, ya que los hogares que más la necesitan no son los que acceden a la misma.
Paquete de medidas
Ante esta situación, Podemos ha registrado en diferentes parlamentos autonómicos dos iniciativas dirigidas a combatir la pobreza energética:
• Una proposición de ley para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas), que se presentará en los parlamentos de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, la Rioja y Valencia.
Esta proposición de ley pretende garantizar el suministro energético a los ciudadanos y adoptar medidas de ahorro a largo plazo. Para ello crea la figura del Hogar Vulnerable en función de diferentes tramos de renta que determinarán el acceso a la ayuda para el pago de la factura de consumo energético. Se trata de una medida que engloba los tres insumos energéticos (agua, electricidad y gas) en una única actuación. La propuesta de ley define diferentes formas de acceso a esta prestación que aseguran mayor agilidad en los trámites administrativos, se distribuirá según criterios de progresividad e incorpora a la ayuda un proceso de evaluación previo de las facturas de estos hogares para determinar si puede modificarse y generar, desde el primer momento ahorro para esas familias. Con la perspectiva de generar ahorro, reducir el consumo energético y generar empleo mediante la activación de sectores de innovación basados en el medio ambiente, se incluye un plan de intervenciones de micro-eficiencia energética que acompaña a las ayudas para el pago de la factura. Esta propuesta legislativa señala diferentes vías de financiación tanto para las ayudas al pago como para los planes de micro-eficiencia energética. Pero la propuesta que presenta Podemos añade, como propuesta no de ley, una iniciativa específica a este respecto.
• Una proposición no de ley para asegurar la financiación de las ayudas al pago de la factura del consumo energético mediante los Costes de Transición a la Competencia (CTCs), que se presentará en los parlamentos de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, La Rioja y Valencia.
La propuesta no de ley insta a que el pago de las ayudas y de las intervenciones de microeficiencia energética se realice con cargo a los más de 3.500 millones de euros que las empresas comercializadoras de electricidad recibieron de manera indebida (según diferentes dictámenes oficiales). Estas ayudas estaban englobadas dentro de los Costes de Transición a la Competencia y han sido recientemente denunciadas ante las autoridades europeas por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
