Cargando...Desde entonces se han producido importantes avances sociales que han permitido que la violencia ejercida sobre las mujeres haya dejado de considerarse una cuestión privada para pasar a ser un problema público. Tanto en nuestra Comunidad Autónoma, como en el Estado, se han aprobado leyes innovadoras en materia de igualdad y de lucha contra la violencia machista.
En 2001, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la primera Ley de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas, la cual ha impulsado el desarrollo de una importante red de recursos de atención, apoyo y orientación a favor de la igualdad plena de las mujeres y hombres, que consiguientemente también asiste de manera integral a las mujeres víctimas de la violencia de género y a sus hijas e hijos.
A pesar de todos estos logros colectivos, todavía se siguen vulnerando los derechos fundamentales de las mujeres, viéndose afectada su dignidad y su libertad mediante las distintas formas de violencia que las mujeres sufren cada día sólo por el hecho de serlo. Desde 2003, año en el que se comenzó a recopilar estadísticas oficiales de víctimas mortales, más de 800 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas y exparejas; también sus hijas e hijos son víctimas directas de la violencia de género y, en algunos casos desgarradores, les son arrebatadas sus vidas como venganza hacia sus madres. En el último año, dos mujeres han sido asesinadas en Castilla-La Mancha, paisanas hacia las que queremos elevar nuestro recuerdo así como mostrar nuestro dolor a sus familias.
La violencia de género es la manifestación más cruel del machismo que aún persiste en nuestra sociedad, que genera desigualdades y discriminaciones múltiples y que impide a las mujeres disfrutar plenamente de los derechos que como ciudadanas les corresponde.
Por tanto, para la erradicación de la violencia sexista es fundamental que las mujeres puedan participar de forma igualitaria en los espacios de toma de decisiones, que desaparezca la feminización de la pobreza, que se elimine la brecha salarial, que aumenten las posibilidades de conciliar la vida personal, familiar y pública, que se asuma la corresponsabilidad en la esfera de los cuidados, que se deje de ofrecer una imagen estereotipada y cosificada a través de la publicidad, etc. Sólo asumiendo una responsabilidad compartida de toda la sociedad a favor de la igualdad real, será posible hacer desaparecer el terrorismo machista.
Hace ya veinte años, concretamente en septiembre de 1995, tuvo lugar la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la que participaron representantes de 189 gobiernos y treinta mil activistas no gubernamentales compartiendo el objetivo de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, en todas las partes y en todos los niveles, consagrándose la estrategia del “maistreaming”. Como marco operativo para el cambio a favor de la igualdad de las mujeres de nuestro planeta, se formularon cuatro grandes capítulos y doce esferas de actuación, entre las que se incluye de manera específica aquella relacionada con las distintas formas de violencia contra las mujeres.
El artículo 118 de la Plataforma de Acción de Beijing expresa que “la violencia contra la mujer es una manifestación de la relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos para su pleno desarrollo (…). La violencia contra la mujer se ve agravada por presiones sociales, como la vergüenza de denunciar ciertos actos; la falta de acceso a información, asistencia letrada o protección jurídica (…)”.
El artículo 117 advierte que “los actos y amenazas de violencia, ya se trate de los actos que ocurren en el hogar o en la comunidad o de los actos perpetrados o tolerados por el Estado, infunden miedo e inseguridad en la vida de las mujeres e impiden lograr la igualdad, el desarrollo y la paz (…). La violencia contra la mujer tiene costos sociales, sanitarios y económicos elevados para el individuo y para la sociedad, siendo uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los que se coloca a la mujer en posición de subordinación”.
Y el artículo 119 reza que “la adopción de un enfoque integral y multidisciplinario que permita abordar la complicada tarea de crear familias, comunidades y Estados libres de la violencia de género es no sólo una necesidad, sino una posibilidad real. La igualdad, la colaboración entre mujeres y hombres y el respeto de la dignidad humana deben permear todos los estadios del proceso de socialización”.
Por todo ello, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha se compromete:
A seguir prestando una atención integral y suficiente a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos.
A desarrollar campañas de prevención de la violencia de género y de promoción del valor de la igualdad en colaboración con las Administraciones Públicas -especialmente la educativa-, agentes sociales y movimientos sociales, sobre todo las dirigidas a la población más joven y también aquellas que tengan en cuenta la discriminación múltiple, como la originada por la discapacidad, la identidad sexual, etc.
A potenciar las alianzas entre mujeres y hombres defensores de la igualdad, para que todas y todos podamos disfrutar plenamente de los ámbitos públicos y privados, así como de las esferas sociales, culturales, políticas o económicas, mediante el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo de nuevos modelos de masculinidad.
A reforzar la apuesta por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres porque es lo justo y porque además contribuye decididamente, mediante la potenciación de los talentos y capacidades de las mujeres, a mejorar eficiencia de nuestra sociedad.
A renovar el compromiso del Gobierno de la región, en coalición con la sociedad civil, con la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.
A trabajar para que el tratamiento de la violencia de género sea objeto de un gran Pacto de Estado por una sociedad segura y libre de violencia machista, que permita avanzar hacia el cumplimiento del convenio de Estambul, ratificado por España, que insta a abordar las distintas formas violencia ejercidas sobre las mujeres.
