En ellas se demuestra cómo la hora y el lugar de la concentración, Plaza de las Hispanidad, 20:30h., no se corresponde con el de la pretendida multa, datada en la Plaza de la Constitución a las 8:45 de la mañana. Además se acusa de tapar una señal de tráfico, siendo esto falso a todas luces y como las imágenes de la concentración demuestran. No hay señales en una plaza peatonal.
Estamos ante la aplicación de la Ley Mordaza, puesto que en este caso vale más la palabra del policía denunciante que la presunción de inocencia de la compañera multada, que se limitó a pedir el permiso de concentración, legalmente concedido. Así, sólo por ser la firmante, y según la ley mordaza, cabe acusarle de cualquier incidente que ocurra en la otra punta de la ciudad. Este es el argumento que utiliza el Ayuntamiento para haber desestimado las primeras alegaciones, presentadas en agosto.
El fin es obvio: la Represión por vía administrativa. El único objetivo es perseguir a quienes levantan su voz contra la injusticia, contra la discriminación. Reprimir a aquellas personas valientes que se la juegan día tras día en la calle como Raquel. Buscan el miedo, que la gente no se vuelva ni a atrever a pedir un permiso legal de concentración por si se les acusa de cualquier otra cosa, buscan desmovilizar y amedrentar a la gente que reivindica sus derechos.
Enfrente estamos la gente, el pueblo, toda la ciudadanía. Como bien dijo Marcelino Camacho, ¡ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar!
¡Protestar es un derecho, reprimir es el delito!
