Cargando...En la defensa de este texto, el parlamentario de Podemos José García Molina ha tranquilizado a los ciudadanos explicando que la propuesta no busca «eliminar para quien los desee o demande» esos servicios, sino debatir «si con el dinero público hay que pagar un servicio para una sola confesión», abogando en que habría que suspender, modificar o revisar los acuerdos existentes.
«Fe, libertad religiosa y presupuestos tienen que caminar por caminos separados», ha abundado en su argumentación García Molina, que ha detallado que la región paga unos 425.000 euros por prestar esa asistencia religiosa, derivados de los acuerdos transferidos. Un asunto que abordó en su reciente reunión con el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, el diputado de Podemos, que cree que la iglesia «tiene medios suficientes como para atender esa demanda».
En términos similares se ha expresado la parlamentaria socialista Blanca Fernández, que ha iniciado su intervención enviando un «mensaje de tranquilidad» porque esta iniciativa «no persigue quitar a sacerdotes y capellanes de hospitales ni residencias», algo que sería «un acto injusto o inhumano».
Fernández ha incidido en que si el PSOE privase de libertad religiosa a la ciudadanía de Castilla-La Mancha no merecería «el nombre ni de demócratas ni de socialistas», y ha invitado al PP a reflexionar si es el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) tiene que afrontar esos gastos y a votar en contra pero «no a mentir» a los ciudadanos.
INICIATIVA «DAÑINA»
Desde el PP, su portavoz Francisco Cañizares ha acusado a la parlamentaria socialista de «mentir» ya que el texto debatido no busca renegociar nada sino suspender, y ha argumentado que, a diferencia de Podemos, el PSOE «no puede decir que se haya enterado ahora de que se pagaba esto» porque «los acuerdos los firmaron ellos» y las transferencias sanitarias venían con eso incluido.
Cañizares ha lamentado que con esta «dañina» iniciativa conjunta, que en su opinión responde a «razones ideológicas que no tienen nada que ver con el funcionamiento de lo público y la gestión del dinero», se pida «que se elimine» y se «ataque parte de un derecho fundamental» de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
«Eso nosotros aquí no lo vamos a consentir», ha finalizado el diputado del PP, que se ha preguntado si por los mismos razonamientos el Ejecutivo regional va a suspender otros acuerdos del Sescam con asociaciones o bibliotecas, cuando todos esos servicios, incluida la asistencia sanitaria, son «parte sustancial» de la prestación «de un servicio sanitario pleno».
De acuerdo a la iniciativa aprobada, las Cortes Castilla-La Mancha instan al Gobierno de España a garantizar la libertad de cualquier persona a recibir la atención religiosa que precise de acuerdo a su confesión sin discriminación de ningún tipo.
Además, instan al Ejecutivo a suspender cualquier disposición derivada de acuerdos y convenios internacionales que trasladen la obligación a las comunidades autónomas de financiar con dinero público los servicios religiosos o cualquier confesión particular en el ámbito de los servicios públicos como la sanidad, la educación o el bienestar social.
