Cargando...La Consejería de Agricultura invertirá 31,5 millones de euros en las comunidades de regantes de Castilla-La Mancha para mejorar su eficiencia, competitividad y reparto de agua.
En Castilla-La Mancha, 37.500 agricultores forman parte de una de las 168 comunidades de regantes o SAT de la región, con 133.00 hectáreas adheridas.
En otro orden de cosas, también ha destacado la nueva ayuda agroambiental para los agricultores que apuesten por cultivos de secano y ha anunciado que la Ley Antifracking se votará en las Cortes a principios de marzo.
En la hoja de ruta marcada hoy en Tarancón, el consejero ha mostrado su satisfacción para poner en marcha un “ambicioso” Plan de Regadíos social para Castilla-La Mancha, dotado con 31,5 millones de euros, “para hacer más eficiente el uso de agua, la competitividad y el reparto del recurso” entre las 168 comunidades de regantes y sociedades agrarias de transformación (SAT), “imprescindibles para el futuro de la agricultura y de nuestro medio rural”.
El titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha insistido en la prioridad del presidente Emiliano García-Page para hacer compatible la actividad económica con la sostenibilidad del medio ambiente, uno de los principales valores de la acción de este Gobierno “para utilizar mejor el agua y redistribuir la riqueza entre todos, en este caso, entre todos los regantes”. Este compromiso, “es un compromiso real y efectivo, distinto del que tenía el Gobierno anterior», ha señalado.
El consejero ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado del viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, los directores generales; directores provinciales, secretaria general y gerente de GEACAM, Darío Dolz, su Gabinete, el delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Tomás Godoy y el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo. Un municipio, como ha dicho el consejero, “muy importante para la industria agroalimentaria de la región”.
Ayuda al secano
Además de la Orden de Regadíos para las comunidades de regantes, el titular de Agricultura ha manifestado que este Gobierno ha sido capaz de llegar a un acuerdo con la Comisión Europea para poner en marcha una nueva medida de ayuda agroambiental “de verdad”, en clara alusión a “aquella medida del girasol que nunca fue capaz de consensuar el Ejecutivo anterior con la Comisión Europea, en el PDR”.
Esta nueva medida, que está dotada con 15,4 millones de euros y que pone en marcha la Dirección General de Desarrollo Rural, va a beneficiar a muchos agricultores de nuestra región, especialmente de la provincia de Cuenca. En este sentido, Martínez Arroyo ha animado a todos los agricultores de Castilla-La Mancha que quieran cumplir los criterios agroambientales a solicitarlas porque “es una apuesta más del Gobierno de la región por los cultivos de secano», también muy necesarios en los pueblos de Castilla-La Mancha.
Ley Antifracking en marzo
Martínez Arroyo ha informado sobre una de las cuestiones más importantes que tiene la Consejería, en su faceta medioambiental, en estos primeros meses del año 2017 como es la Ley Antifracking de Castilla-La Mancha. El próximo día 22 de febrero se va a celebrar la Comisión de Medio Ambiente en las Cortes de Castilla-La Mancha, se le va a dar salida a la ley y, previsiblemente, en el Pleno del día 9 de marzo se debatirá.
El consejero se ha mostrado muy optimista para que salga adelante con la satisfacción del cumplimiento del compromiso del presidente Emiliano García-Page. “Un compromiso con los ciudadanos que se movilizaron en su momento contra una práctica para la cual no había seguridad desde el punto de vista ambiental, y cuando un Gobierno cumple no solamente tiene la satisfacción de decirlo sino que está demostrando a los ciudadanos que es un Gobierno fiable», ha insistido.
Contra el recrecimiento de la presa de Camarillas
Por otra parte, el consejero ha lamentado que mientras el Gobierno regional está preocupado por lograr el acceso al agua para los agricultores de Castilla-La Mancha “algunos están intentando adelantar las obras que perjudicarían a los agricultores de Hellín”, en Albacete.
El consejero ha mostrado el apoyo del Gobierno regional a los vecinos de Hellín y a su alcalde y ha puesto de manifiesto que “el recrecimiento de la presa de Camarillas en 25 metros de altura supondría anegar zonas que actualmente tienen uso agrícola generando un perjuicio económico importante con pérdida productiva agrícola, por el lucro cesante que se produciría en la comarca de Hellín”. Y ha recordado que esta obra solo beneficiaría a una zona regable, con una mayor dotación de recursos hídricos en una región vecina y, sin embargo, no se tendría en cuenta el agravio con los agricultores de la provincia de Albacete.
Por último, ha recordado que el Gobierno regional ha votado en contra del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura, planteado por el Gobierno central, en una reunión de la CHS y, por tanto, en contra del recrecimiento del embalse de Camarillas. Una votación que se realizó en Murcia y a la que acudió el director general de Política Forestal y Espacios Naturales, Rafael Cubero, acompañado del alcalde de Hellín, Ramón García.
