Cargando...El alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, ha expresado su malestar por la “nula” información por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre las acciones emprendidas en los dos últimos meses para esclarecer los malos olores que afectan al municipio y que tienen su foco en el polígono industrial El Campillo donde se localiza la empresa Alvinesa Alcoholera Vinícola.
Desde entonces, se ha pasado de haber suspendido la valoración de las vinazas a recuperar la actividad normal de su planta tras recibir la autorización de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sierra critica que el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, no haya tenido en cuenta ninguna de las dos peticiones formuladas desde la administración daimieleña de ser informada al respecto, en vez de enterarse a través de los medios de comunicación. Un periodo desinformación que el primer edil tachó de “ninguneo, desconsideración y menosprecio” hacia los casi 19.000 vecinos de Daimiel.
En la primera demanda, el Ayuntamiento de Daimiel solicitaba que fuese incluido como “parte interesada” dentro del expediente incoado por la el ejecutivo autonómico a la empresa Alvinesa. Mientras, la segunda reclamación se originaba desde los tres grupos políticos (PP, PSOE e IU). En ella se solicitaba que fuesen informados sobre el contenido de la suspensión, las medidas correctoras y los plazos de ejecución, entre otros puntos. Una apelación que tampoco ha recibido respuesta alguna pese al compromiso del gobierno regional de hacerlo en dos meses y cuyo plazo cumpliría este martes 19 de septiembre.
Para el alcalde daimieleño, la transparencia también reside en informar sobre el expediente en cuestión del que, advirtió, ignora las medidas adoptadas y su facultad de acierto.
Sierra, reconoció, sin embargo, haber mantenido conversaciones con los responsables de la empresa Alvinesa, a los que agradeció su buena predisposición por resolver la situación de malos olores. El alcalde confirmó que pretenden contratar un estudio olfatométrico a la empresa Labaqua, la misma que elaboró otro estudio a petición del Ayuntamiento.
