La Diputación Provincial incrementará este año en 3.000 euros la ayuda que destina al proyecto del facilitador judicial, que hasta ahora estaba dotada con 30.000 euros. El refuerzo responde al aumento de la demanda de este servicio, cuya finalidad es acompañar a las personas con dificultades para comunicarse o para comprender los procesos judiciales.
Así lo ha manifestado esta mañana la vicepresidenta de Atención a las Personas, Encarnación Medina, durante las IV Jornadas de la Cátedra de Discapacidad y Dependencia, un encuentro organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha que sirve de espacio de reflexión y de intercambio de conocimiento.
Encarnación Medina ha defendido que el acceso a la justicia es un derecho de todas las personas, “sin barreras y sin excepciones”. No obstante, ha recordado que existen personas que encuentran dificultades añadidas a la hora de comunicarse o de entender el funcionamiento de los procedimientos judiciales. “Por eso la figura del facilitador judicial es tan importante”, ha subrayado, y ha explicado que es precisamente esa razón la que lleva a la Diputación a financiar la iniciativa.
La vicepresidenta ha explicado que el incremento de la aportación permitirá “seguir dando respuesta” a las personas que necesitan este apoyo y a una demanda que no ha dejado de crecer.
Durante su intervención, Medina ha hecho también hincapié en la necesidad de apostar por la formación, el conocimiento y la sensibilización de los futuros profesionales, como vía para seguir consolidando el proyecto. En este sentido, ha expresado el deseo de que la UCLM continúe implicándose en esta tarea junto a la institución provincial.
Por último, ha felicitado a la Universidad de Castilla-La Mancha, a su rector, Julián Garde, y a todas las personas que han hecho posible la organización de estas jornadas, y ha agradecido su labor “para seguir avanzando en este proyecto tan importante y para estar cerca de las necesidades de nuestra sociedad”.
Con esta ayuda, la Institución provincial reafirma su compromiso con las políticas de atención a las personas y con la igualdad de oportunidades, apostando por servicios que acerquen la justicia a quienes más pueden necesitarlo.
