El sector de Sanidad del sindicato CSI•F en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) quiere denunciar públicamente su «sensación, avalada en numerosos actuaciones, de que el Sescam, a través del gerente del Hospital La Mancha Centro, ha puesto en marcha un plan que puede finalizar con la privatización de este hospital, al igual que va a pasar con los de Manzanares o Tomelloso».
El gerente «parte del hecho y así lo ha comunicado recientemente a los jefes de Servicio, con quienes se reunió la pasada semana, a puerta cerrada, que el centro no es competitivo y que tiene instrucciones del SESCAM para cambiar el modelo de gestión”. El gerente «quiere hacer responsables a los trabajadores de que el centro no es rentable», lo que para CSI•F «es la antesala de una previsible privatización».
Mientras tanto, en este hospital «aumentan la lista de espera y a modo de ejemplo, para operar de cataratas, existe una lista de 2.000 pacientes, lo que da una tardanza de 2 años, pero no se realizan operaciones por la tarde que los profesionales sí estarían dispuestos a hacer».
El gerente ha trasladado a los jefes de Servicio del hospital que «si el centro no es rentable, el Sescam podría desviar a empresas privadas las listas de espera, se podrían perder servicios actuales en beneficio de otros hospitales, se perderían profesionales, especialmente los mejores, que se irían a otros lugares, calidad científico-técnica, deterioro de los equipamientos y del apoyo social y político del centro, todo ello, al parecer, basándose en experiencias de otros centros hospitalarios que citó el gerente en su reunión con los jefes de Servicio».
Privatización
«Este panorama expuesto por el gerente del Hospital de Alcázar, es para CSI•F la antesala de un nuevo modelo de gestión que está por venir y que culminará, tras amedrentar y hacer responsable de todos los males del centro a sus trabajadores, con la privatización de este centro sanitario, al igual que va a ocurrir con los hospitales de Tomelloso o Manzanares», apuntan en la nota.
CSI•F reitera su apuesta y defensa de una sanidad y de unos servicios «públicos de calidad y servidos por buenos profesionales del sector público, única garantía de que prevalezcan los intereses generales por encima de los económicos».
