Cargando...Estas organizaciones en la provincia de Ciudad Real comparten el criterio de mantener el empeño y el rigor en la política de reducción del déficit público, que debe apoyarse ahora más en la austeridad en el gasto público para atenuar progresivamente el importante incremento de las cargas fiscales a empresas y familias. Un objetivo que en absoluto es incompatible con el impulso a la actividad económica.
En este sentido, las medidas de estímulo y de apoyo a la competitividad anunciadas por el presidente se sitúan, en general, en la buena dirección y coinciden con las que ha reclamado CEOE-CEPYME de Ciudad Real y CEAT durante los últimos años.
Sin embargo, según los primeros datos que ha avanzado, consideramos que pueden ser claramente insuficientes, más que por la cuantía de las mismas, porque afectarán a un número de empresas potencialmente beneficiarias muy por debajo lo que exigiría una audaz política de regeneración del tejido productivo.
Así, la implantación de un régimen especial para el IVA, que permitirá efectuar el pago de este impuesto una vez cobrada la factura correspondiente —cuya aplicación se aplaza ahora a 2014—, parece que se establecerá solamente para las pymes y autónomos con una facturación anual inferior a los dos millones de euros; es decir, dentro de los límites establecidos por la Directiva 2010/45 de la Unión Europea. En este sentido, se considera que sería necesario elevar ese tope de dos a seis millones de euros, de manera que pudiera afectar al 98% de las pymes.
En relación con las medidas de apoyo a la financiación de las empresas y los autónomos, coinciden esencialmente con las propuestas que ha formulado esta organización. Consecuentemente, compartimos las iniciativas expuestas por el presidente del Gobierno, si bien sería preciso insistir en dos aspectos importantes. Por un lado, en la necesidad de implementar urgentemente la dotación financiera a través de las entidades citadas (ICO, sistema bancario, sociedades de garantía recíproca, etcétera), dada la situación de emergencia en la que se encuentran las pymes. Y por otro lado, es preciso que en el análisis de estas operaciones se contemple como variable fundamental la viabilidad del proyecto empresarial correspondiente y no únicamente —como hasta ahora— la capacidad de responder a las garantías requeridas por la entidad financiera.
Además, nuestra organizaciones, al igual que CEPYME a nivel nacional celebran el nuevo compromiso del Gobierno con el cumplimiento de los plazos de pago, tanto entre empresas como por parte de las administraciones, si bien sería preciso incorporar a la normativa las medidas que garanticen el cumplimiento de dichos plazos, con el fin de reducir definitivamente el alto volumen de morosidad. A ello contribuirá también la ampliación del plan de proveedores de 2012 (que afecta a facturas pendientes de 2011), aunque es conocido que el incremento de la morosidad pública se ha disparado en los últimos meses muy por encima de los 2.700 millones de euros anunciados por el presidente del Gobierno. Por ello, se considera imprescindible que el Gobierno ponga en marcha un nuevo plan de pago a proveedores en 2013.
