La junta directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Transporte de Mercancías (ATM), bajo la presidencia de Carlos Marín, se reunió presencialmente, por primera vez este año, para tratar los asuntos que más preocupan al sector, así como otros de carácter más interno de la organización empresarial, como la situación actual de la negociación del convenio provincial del transporte.
Tras presentar y aprobar el estado de cuentas de la ATM, Marín realizó una amplia disertación del panorama nacional e internacional, comenzando por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno. Así, se refirió sobre la posible entrada en vigor del peaje de pago por uso de las autovías y la necesidad de que el sector “se manifieste de forma más contundente si finalmente nos imponen la Euroviñeta”.
En cuanto al anuncio del Ministerio sobre la N-430 y las distintas opciones para el desarrollo de la A-43, recordó que “somos una provincia eminentemente logística gracias a nuestra posición geográfica estratégica, y no nos vamos a conformar con 350 millones para arreglar lo que ya tenía que estar arreglado por parte de los gobiernos de todos los colores políticos desde hace 10 años, dada la alta siniestralidad de esa carretera y los puntos negros que tiene”.
A continuación, abordó el tema de la prohibición de los adelantamientos a los vehículos pesados que el Servicio de Tránsito Catalán ha impuesto en la AP-7, al obligar a circular por el carril derecho a los camiones todas las tardes de los domingos desde el pasado día 3 de octubre, desde las 15:00 horas hasta las 22:00 horas.
El presidente continuó su informe comentando la aprobación definitiva de la Ley de Morosidad en el Transporte, que ya se encuentra en vigor, al ser publicada en el Boletín Oficial del Estado este mismo sábado, así como la situación actual de la nulidad de los peajes en Guipúzcoa, tras la inadmisión por parte del Tribunal Supremo de los incidentes de nulidad planteados por las Juntas Generales, al entender que ha aplicado de forma correcta la legislación europea que prohíbe cualquier discriminación en la implantación de peajes a camiones.
En el plano internacional, Carlos Marín mostró su satisfacción en cuanto a la puesta en marcha de una convocatoria de propuestas, por parte de la Comisión Europea, para acceder a 100 millones de euros en financiación para mejorar la red de aparcamientos de camones en el Unión Europea, pues, según dijo, “la IRU Y ETF estiman que con sólo 300.000 plazas de aparcamientos para camiones disponibles actualmente en la Unión Europea, existe un déficit significativo de 100.000 plazas para satisfacer la demanda total”.
Finalmente, en cuanto al BREXIT, aludió al retraso de los controles de importación de productos de la Unión Europea, que debían introducirse en octubre de 2021 y enero de 2022.
