AFAMMER como cada 25 de noviembre conmemora el Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este año lo hacemos cuando se cumplen 10 años del nacimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, firmado el 11 de mayo de 2011 en Estambul.
Un tratado que entró vigor en España el 1 de agosto de 2014 y que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género porque reconoció todas los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres: la violencia física, la psicológica y sexual, incluida la violación; acoso, matrimonios forzados, mutilación genital femenina, aborto forzado y esterilización forzada.
Hasta entonces, todos estos tipos de violencia estaban recogidos como delitos en el código penal español. España fue uno de los primeros países en incluir el Convenio de Estambul en el Código Penal.
Otro de los grandes pasos que dimos con este convenio fue reconocer que la violencia contra las mujeres vulnera los derechos humanos y es una forma de discriminación con la que lamentablemente no hemos conseguido acabar una década después.
Diez años después del nacimiento de este Convenio y aprovechando la oportunidad que nos ofrece la institucionalización de contar con un Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde AFAMMER no queremos pasar la oportunidad de dar voz a todas las personas que no tienen la posibilidad de hacerlo.
Por todos estos motivos, en el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer reivindicamos:
Promover más diagnósticos que nos den una visión global sobre la percepción social en materia de igualdad de los habitantes del medio rural. Los datos actualizados y desagregados permiten que las asociaciones podamos sensibilizar, detectar y prevenir la violencia machista de una forma más exhaustiva. El último diagnóstico de la igualdad de género en el medio rural se publicó en el año 2011, y sería conveniente actualizar esos datos para valorar cómo estamos en materia de igualdad en el medio rural tras la pandemia.
Romper el silencio en torno a la violencia de género que es mayor en los municipios más pequeños. Así lo refleja la última Macroencuesta de violencia contra la Mujer elaborada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de género que afirma que las víctimas de violencia que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes denuncian en el 83,3% de los casos; en el caso de los municipios de entre 10.000 y 2.001 habitantes el porcentaje de denuncias baja al 78,5%; Mientras que en los municipios de menos de 2.000 habitantes la cifra disminuye al 66,9%.
Más recursos y servicios para las víctimas que sufren violencia en el medio rural. El 35% de los hogares en España en pueblos de menos de 10.000 habitantes solamente tiene acceso a un servicio público. Esos significa que la mayoría de los municipios rurales más pequeños no cuentan con Juzgado, puesto de la Guardia Civil, Policía Local, centro de salud o centros específicos de atención a la mujer.
Garantizar que los pequeños municipios implementen protocolos exhaustivos para combatir la violencia machista.
Promover más acciones que favorezcan el empoderamiento y el acceso de las mujeres al mercado laboral. Nuestra experiencia ayudando a víctimas nos demuestra que es más fácil salir de la violencia cuando la mujer es independiente económicamente. Además, el Convenio de Estambul reconoce la existencia de la violencia económica como una forma de maltrato que puede ejercerse sobre las mujeres. Una dependencia económica que actúa cómo freno de decisión en las víctimas a la hora de tomar la decisión de separarse o denunciar, pues si se acaba la relación ellas se quedan en una situación de precariedad.
Apostar por un modelo educativo que visibilice a las mujeres en todos los ámbitos ayudará a romper con la fuerte masculinización de la sociedad rural que comprenderá mejor a las víctimas que sufren violencia de género.
Prestar atención especial a las víctimas de violencia de género de más edad que residen en el medio rural y a aquellas que sufren discapacidad, pues son aún más vulnerables.
