El último Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Bolaños aprobó por mayoría absoluta, con los votos a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y los votos en contra de los miembros del Grupo Socialista, la solicitud al Gobierno de España para no modificar la Ley de seguridad ciudadana.
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Felipe López, presentó una moción de urgencia al Pleno en la que se solicita al Gobierno de España que no modifique la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana para “mostrar el apoyo sin fisuras a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y que la misma no tenga repercusión directa en la Policía Local de Bolaños de Calatrava y la Guardia Civil de Bolaños de Calatrava y por ende, en la seguridad de los bolañegos”, ha manifestado el primer teniente de alcalde, quien además califica esta norma de “Ley de inseguridad ciudadana”.
En este sentido, el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, ha comparado “la primera aparición en medios de plataformas como Netflix o HBO, que la mayoría de gente no sabíamos todavía lo que eran” con lo que esta haciendo el Ejecutivo con esta Ley “buscando apoyos que necesita para mantenerse en el Gobierno a costa de sacrificar la seguridad de los agentes, los de Bolaños y los de toda España”, al preguntar “¿A quién se le habría ocurrido entonces que uno de los grandes problemas para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado era que se tradujeran esas series en streaming al catalán o a las lenguas co-oficiales de España?”. En referencia a una de las enmiendas del Gobierno PSOE – Unidas Podemos de
Proposición de Ley sobre modificación de dicha Ley de Seguridad Ciudadana que ha presentado el PNV en el Congreso de los Diputados, sobre la traducción del DNI a las lenguas de cada Comunidad Autónoma.
La actual Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada durante la X Legislatura por iniciativa del Gobierno del Partido Popular, fue consecuencia de una reforma tras la modificación del antiguo Código Penal de 1995, cuando habían quedado suprimidas las faltas, que pasaron a ser infracciones administrativas o delitos leves. Esta norma dio respuesta a una demanda de amplios sectores de la sociedad y, en concreto, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya aplicación de dicha Ley “ha sido fundamental para la puesta en marcha de medidas de control para frenar la propagación de la pandemia del COVID-19 y para hacer frente a la amenaza terrorista”, por lo que “su derogación o modificación sustancial dará oxígeno a esa amenaza, lo que nos hará más débiles frente al terror”, reza la moción.
