Cargando...Miguel Ramírez Muñoz -coordinador provincial de IU por Ciudad Real y número dos nacional- ha denunciado, en la rueda de prensa celebrada en Alcázar de San Juan el lunes, 11 de marzo, el carácter excluyente del borrador inicial de la ley de bases del régimen local: “PP y PSOE lo han negociado a espaldas de la Federación de Municipios y Provincias; sin contar, ni siquiera en la discusión inicial, con otras fuerzas políticas que, como IU, tenemos representación en el ámbito local. Creemos que atiende a necesidades políticas y no a necesidades reales”.
Ramírez destacó dos puntos del borrador de la ley de bases, que entienden atentan contra el principio constitucional de autonomía local: “uno de los puntos de este borrador inicial da la posibilidad de intervenir, a Comunidades Autónomas y Diputaciones Provinciales, sobre determinadas políticas, en Ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes. Esto puede suponer que si uno de estos Ayuntamientos decide destinar menos recursos a festejos, por ejemplo, para invertirlos en un plan de empleo, no lo podrá hacer porque se entiende que esto no será competencia municipal. Y esto es un retroceso en la situación que se encuentra nuestro país, el segundo con la tasa de desempleo más alta de Europa (más de un 16%)”. El coordinador provincial de IU comentó que “el borrador inicial limita la capacidad de los Ayuntamientos y esconde un plan general para privatizar los servicios básicos municipales. Esto queda claro en el punto que se refiere a que el coste de los servicios debe ajustarse a unos estándares -basados en el criterio de la densidad de población. Si el coste de los servicios no se ajusta al estándar, podrán privatizarse o suprimirse. Esto hace sospechar que la ley de bases del régimen local responde a los intereses de grandes compañías que están detrás de PP y PSOE”. Ramírez afirmó que “no hay razones económicas, sociales ni políticas que justifiquen esta reforma tal y como está planteada. Hay dos informes -uno elaborado por la Junta de Castilla León (gobernada por el PP) y otro por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras- que advierten de los costes que podría tener para la cohesión social y el empleo la aplicación de esta reforma de la ley de bases. En Castilla-La Mancha podría suponer la perdida de 150.000 empleos”. Por estas razones, IU solicitará al gobierno regional que elabore un informe sobre el impacto que podría tener para Castilla-La Mancha la aprobación de esta ley -tal y como se plantea en el borrador inicial- y que se presenten las alegaciones oportunas para corregirla. También apuntó que “no renunciamos, en colaboración con otros grupos parlamentarios, a presentar un recurso de anti-constitucionalidad”.
Por último, Miguel Ramírez se refirió también a la huella social que estaban dejando las políticas de recortes: “la reducción del déficit – de la que tanto se enorgullece Cospedal, cuando dice que se ha cerrado el ejercicio 2012 cumpliendo los objetivos, con un déficit por debajo del 1,5%- nos crea dudas; más cuando no se ha hecho frente a pagos importantes con Ayuntamientos, proveedores, ONGs o servicios sociales. Pero lo que más nos preocupa es la huella social que están dejando los recortes. Más de 27.000 parados en toda España -7.500 en la provincia de Ciudad Real- y la mitad no reciben ningún tipo de prestación o subsidio. Se estima que, en Castilla-La Mancha, 1/3 del empleo se ha destruido como consecuencia directa de las políticas de recortes; y las perspectivas es que el paro siga subiendo durante 2013. Además, nuestra comunidad está a la cabeza en el ranking de caída de la actividad industrial y del comercio. El único sector que se mueve es el de las exportaciones agro-alimentarias; que también se encuentra en serio peligro con la recesión que está sufriendo el resto de Europa. Si se confirma el acuerdo comercial entre Europa y EE.UU, la producción agrícola se verá afectada porque no podrá competir con el dólar y se pondrá freno a la exportación”.
Concluyó pidiendo a la ciudadanía que “plantaran cara a los gobiernos”: “el PP va a continuar con su política de recortes que está afectando al empleo, a la actividad económica, a los servicios básicos, a las leyes y a la cohesión social y territorial. La única forma de “plantarles cara” es a través de las plataformas y coordinadoras por la defensa de los derechos ciudadanos como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Es la única forma de intentar obligar, en nuestro caso al gobierno regional, a rebajar los ajustes y comenzar una política de activación económica”.
