Cargando...Con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un estudio sobre la exclusión financiera y ha organizado un debate en el que ha participado Eurocaja Rural
El director de la División de Relaciones Institucionales de Eurocaja Rural, Miguel Ángel Escalante Pinel, ha participado esta mañana en un debate en torno a la exclusión financiera organizado por la OCU, en el que se han hecho públicos los resultados de una encuesta realizada a 2007 vecinos de municipios de menos de 5.000 habitantes. La presentación de dichos datos ha corrido a cargo de Itziar Fernández de la Cruz, delegada de la OCU en Castilla – La Mancha y Eztizen Gregorio Rueda, del Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales a nivel nacional y portavoz de la OCU.
A la vista de la información ofrecida por el estudio, realizado en colaboración con el Ministerio de Consumo, la OCU considera que los servicios bancarios básicos, como la disposición de efectivo en oficina o en cajero, deben ser considerados como un servicio universal, garantizando así un acceso cercano y sencillo.
En su exposición, el director de la División de Relaciones Institucionales de Eurocaja Rural ha defendido su modelo de omnicanalidad real, en el que la banca online debe ser únicamente una opción de libre elección por los consumidores. Así mismo, ha abogado por un servicio financiero universal e integral. Para garantizar las mismas oportunidades a todas las personas, independientemente del lugar en el que viven. Un asesoramiento financiero de calidad no puede llevarse a cabo de manera no presencial. La gestión de ahorros e inversiones, la complejidad de ciertos productos financieros y, a veces, la propia ley, así lo exigen, ha manifestado.
La encuesta elaborada ha puesto de manifiesto que son 1.400.000 personas las que se encuentran en riesgo de exclusión financiera, sobre todo mayores de 65 años que viven en localidades de menos de 5.000 habitantes.
Además, se ha hablado de la necesidad de crear programas de alfabetización digital y financiera, y desarrollar tecnologías bancarias inclusivas, así como mejorar la protección de las personas mayores frente a fraudes y estafas financieras.
