El Gobierno de la Diputación de Toledo vuelve a inyectar otros 2 millones de euros a los ayuntamientos en una provisión de fondos destinados a ayudar a los municipios con los gastos corrientes derivados del incremento de precios producidos en la prestación de los servicios básicos energéticos.
Así lo anunciaba el vicepresidente de Cooperación, Infraestructura, Hacienda y Presupuestos y Portavoz, Santiago García Aranda, en declaraciones realizadas a los medios de comunicación antes de la sesión plenaria, afirmando que “terminamos el año con una nueva inyección de fondos para los ayuntamientos de la provincia de Toledo para gastos corrientes que les permitan paliar los incrementos de costes que han experimentado la calefacción y la electricidad como consecuencia de la inflación y de la guerra de Ucrania”.
“La modificación presupuestaria –señalaba el vicepresidente- entrará en vigor antes de mediados del mes de diciembre y conforme entré en vigor se podrá pagar a los ayuntamientos antes de que acabe el año, para que puedan hacer frente a los gastos de los sobrecostes de la energía que tienen que soportar los ayuntamientos en estos últimos meses”.
También anunciaba que “de cara al presupuesto de 2023 ya contemplamos las partidas correspondientes para hacer frente a todos esos sobrecostes derivados de la subida de precios”.
García Aranda agradecía a todos los grupos de la oposición “que hayan apoyado la propuesta del Gobierno para destinar esos 2 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia de Toledo y estar una vez atendiendo las necesidades de los municipios ”.
Las ayudas aprobadas en el pleno de hoy facilitará a los ayuntamientos toledanos la continuar afrontando la recuperación social y económica derivada de los impactos de la pandemia y la guerra de Ucrania, contribuyendo a que puedan soportar mejor las dificultades que está suponiendo para ellos el incremento de precios, que sufrimos tanto los ciudadanos y ciudadanas como las administraciones públicas.
Precio público por venta de publicaciones
El pleno extraordinario de hoy también aprobaba por unanimidad el establecimiento del precio público por la venta de publicaciones y material institucional aprobando para ello la Ordenanza reguladora del mismo, como pueden ser libros, DVD, CD y otros.
La ordenanza establece que estarán obligados al pago de los precios públicos las personas físicas o jurídicas que adquieran las publicaciones o el material institucional objeto de la regulación.
El importe del precio deberá cubrir como mínimo el coste de la publicación o material de que se trate. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la Junta de Gobierno podrá fijar precios por debajo del límite anteriormente previsto
