Cargando...La diputada regional del PSOE, Blanca Fernández, ha cargado contra la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, por haber aplicado un expediente de regulación de empleo (ERE) en la empresa pública de gestión ambiental (Geacam) de forma “desproporcionada”, “ilegal” y “chapucera” y que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) se ha encargado de anular.
Un ERE que en la provincia de Ciudad Real afecta a 471 personas de un total de 1.789 trabajadores a los que se les aplicó esta medida que ahora la Justicia ha catalogado como fraude de ley y a los que Fernández ha defendido abiertamente. “Hablamos de 471 personas que en la mayoría de los casos viven en las zonas rurales a las que Cospedal y el Partido Popular están dejando absolutamente sin nada, a las que han quitado las escuelas, a las que pretendían quitar las urgencias nocturnas y a las que cada día les quitan algo”.
Respecto al auto del TSJCM, la parlamentaria regional del PSOE ha evidenciado que “Cospedal mentía cuando decía que Geacam era una ruina, puesto que el Alto Tribunal ha dejado claro que la escasa entidad del déficit hace que sea desproporcionado un ERE de esta magnitud”.
Además, Fernández ha exigido responsabilidad a la presidenta de Castilla-La Mancha, ya que el ERE “fraudulento” aplicado por el Partido Popular al frente de la Junta de Comunidades va a salir caro. “Nada más y nada menos que 14 millones de euros que saldrán del bolsillo de todos los ciudadanos tan solo porque Cospedal quería ahorrarse dos patacones” al no querer pagar las cuotas a la Seguridad Social a los trabajadores de Geacam en esos cuatro meses que se iban a su casa a cobrar el paro y que el TSJCM llega a interpretar como una “simulación de extinción contractual con promesa de recolocación diferida, lo que suena a chiste después de las explicaciones de Cospeal en relación al señor Bárcenas”.
La realidad, tal y como explica el propio auto, es que se perseguía era una suspensión temporal del contrato encubierta bajo esa apariencia de extinción contractual y eludiendo los supuestos de reducción de jornada o suspensión temporal del contrato, motivo por el cual, el TSJ da traslado al Ministerio Fiscal.
Desde las filas socialistas consideran que esa apreciación judicial es muy grave, puesto que “quiere decir, ni más ni menos, que podríamos estar ante un presunto fraude del Gobierno de la señora Cospedal a la Seguridad Social al intentar esquivar esos pagos de una manera tan torticera”.
Este tema de la empresa pública de gestión ambiental se debatirá precisamente este jueves en el pleno de las Cortes Regionales, escenario en el que, tal y como ha avanzado Fernández, el Grupo Parlamentario Socialista interpelará al Gobierno de Cospedal para conocer la situación en la que se encuentran los trabajadores de Geacam y, sobre todo, para saber cuáles son los planes de futuro de la Junta de Comunidades para la empresa y para sus 2.288 trabajadores y trabajadoras.
La dirigente ciudadrealeña ha indicado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha y la señora Cospedal no pueden continuar gobernando con tal nivel de altanería, insensibilidad e ineptitud, y se tienen que dar cuenta que por esa senda solo están cosechando un varapalo judicial tras otro”.
A la vista de este caso concreto de Geacam y de las conclusiones del TSJCM, Blanca Fernández ha manifestado que el ERE de Cospedal es a todas luces “un fracaso desde el punto de vista económico, un fracaso desde el punto de vista medioambiental porque este invierno no se han hecho tareas de prevención de incendios y un nuevo fracaso de gestión de este Gobierno que nos está acostumbrando a los varapalos judiciales”.
Pese a este nuevo revés, la diputada regional del PSOE intuye que el Gobierno de Castilla-La Mancha “intentará responsabilizar de esta situación a CCOO, por haber recurrido a instancias judiciales en lugar de reconocer que la chapuza llevada a cabo en Geacam, porque no tiene otro nombre, es única y exclusivamente responsabilidad de Cospedal y de la consejera María Luisa Soriano”.
Una labor sindical que Fernández ha aplaudido ante lo que “a todas luces era un atropello laboral”, y pese a la situación de “presión insoportable” que llevó a algunos sindicatos a rubricar el acuerdo.
