Cargando...El miércoles 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, Miguel Ángel Ramírez -coordinador provincial de IU Ciudad Real- ha lamentado la escasa atención que ha merecido por parte de las grandes administraciones públicas, especialmente el gobierno de Castilla-La Mancha. Lo ha hecho en la rueda de prensa convocada, en el centro cívico de Alcázar de San Juan, por la agrupación local de su partido. «Es triste que el gobierno de Cospedal no esté dando importancia a la política ambiental y que castigue a las energías renovables en favor de la nuclear».
A este respecto, Ramírez, ha querido recordar algunas de las acciones, llevadas a cabo por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que perjudican gravemente al medio ambiente: «el pasado mes de diciembre, desde IU denunciábamos la decisión de Cospedal de dar luz verde a la aplicación, en el Campo de Montiel, del fracking (fracturación hidráulica para la obtención de gas como energía alternativa). Transmitimos esta denuncia a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, advirtiendo de los riesgos de contaminación de la aguas de los acuíferos 23 y 24 si el fracking se iniciaba y, 6 meses después, no hemos recibido respuesta». Recordó también Ramírez que «Cospedal asumió el cementerio nuclear de Cuenca. También, desde IU, advertimos que parte del tránsito de los residuos nucleares destinados a este cementerio pasarían por Alcázar de San Juan; añadiendo peligro ambiental y para la seguridad ciudadana».
El coordinador provincial de IU aprovechó para manifestar la total oposición de su partido a la privatización de los servicios municipales de aguas, apuntando que es algo que está sucediendo en diversas localidades de la provincia gobernadas por el PP -como Argamasilla de Alba y ahora Alcázar de San Juan. «La solución que está dando el PP para salir de la crisis es no salir del bucle; porque las empresas que se están quedando o se muestran interesadas en la gestión de las aguas pertenecen a grandes constructoras».Ramírez señaló que privatizar este servicio era ir en contra de las recomendaciones de la ONU que, para salvaguardar el derecho humano del acceso al agua, propone, que la gestión de este recurso básico, recaiga sobre las administraciones locales. «Grandes ciudades europeas como Amsterdam o París han remunicipalizado el servicio de aguas». Por último, retomando temas relacionados con el medio ambiente y la gestión del ciclo hidraúlico, apuntó que estaban teniendo conocimiento del «generalizado mal funcionamiento de las depuradoras -como en Tomelloso, Manzanares y otros lugares. Algo falla en la gestión del ciclo integral del agua y es consecuencia de su privatización».
En cuanto al caso concreto de la posible capitalización de Aguas de Alcázar opinó que «el ayuntamiento quiere utilizar la empresa de aguas como si fuera un cajero automático, para cuadrar las cuentas municipales con su venta».
Por su parte, Antonio Jesús García Garrido -coordinador de IU-LV de Alcázar- pidió un debate «ya» sobre la privatización de Aguas de Alcázar: «no me van los eufemismos, capitalizar es preparar el camino para la privatización. Urge un debate para que la ciudadanía pueda reaccionar a tiempo, antes que se produzca, y montar una plataforma en defensa de un bien público y universal como es el agua. La empresa de aguas es rentable y no hay un sólo argumento que justifique su privatización; salvo sanear las arcas del Ayuntamiento. Reto al equipo de gobierno a que demuestre que Aguas de Alcázar no es rentable. El servicio público de aguas es eficaz y tan rentable , o más, que la gestión privada».
García habló también de otros asuntos como la extinta Fundación Municipal: «se tenía que haber tenido más previsión y haber asumido antes a los trabajadores. No disolverla sin más, sin que sepan cuál va a ser su situación ahora. ¡Nos tememos lo peor!». También mencionó que ya se había hecho pública la sentencia de readmisión de los dos trabajadores despedidos de la televisión municipal: «el Ayuntamiento le quita la razón al juez y, en lugar de readmitirlos, les ofrece una indemnización. Un coste que no deberíamos asumir los ciudadanos de Alcázar por una mala decisión política. No se les debería haber despedido».
