El portavoz del equipo de gobierno, Ángel Puente, ha querido ser tajante en sus afirmaciones con respecto a la empresa municipal de aguas. «¡Aguas de Alcázar no se vende!» -con estas palabras respondía a las declaraciones vertidas por el edil socialista, Fernando Huertas. «En el consejo de mañana se explicarán las diferentes fórmulas de gestión mixta que se están estudiando y cómo puede hacerse. Después se llevará a pleno, que es el órgano competente para decidir estas cuestiones». Puente dijo también que la gestión mixta, «ya se está llevando a cabo en algunos ayuntamientos en los que gobierna el PSOE». Quiso, también, transmitir tranquilidad a los vecinos asegurando que «la plantilla y las tarifas no serán negociables. Se asegurará el 100% de los puestos de los trabajadores de la empresa de aguas y no se subirá la tarifa».
La valoración del cambio del modelo de gestión, aseguró Puente, que se habían visto obligados a plantearla «para garantizar la viabilidad de la empresa, que está en quiebra porque se ocultó la deuda acumulada durante años» -de la que no se advirtió al consejo de administración. «Detrás de esta deuda hay una trama de corrupción que se verá, con el tiempo, en los juzgados».
El portavoz del equipo de gobierno aseguró que, desde el ayuntamiento, «no vamos a tolerar que se haga ninguna demagogia barata con la empresa de aguas. Ni que los que han provocado el incendio quieran ahora ser los bomberos y erigirse en los salvadores de Aguas de Alcázar. Han tenido muchos años para salvarla y hacerla viable y la han llevado a la quiebra». Pidió al partido socialista que «deje de engañar a los vecinos en temas tan importantes» y que, en lugar de eso, «den una explicación de lo que han hecho y depuren responsabilidades políticas. Entonces estaremos dispuestos a trabajar juntos y a escuchar sus propuestas».
Puente remarcó que «la única evidencia es que hay 8 millones de deuda, de los que, únicamente se podrían cuantificar como obras públicas millón y medio; el resto, se destinaron a obras para empresas privadas o urbanizaciones» -aseguraba Puente.
Enumeró algunos casos -«que ocultó el anterior gobierno socialista»- de empresas que firmaron un convenio con el ayuntamiento por medio del cual, la empresa de aguas realizaba unas obras -de las que el ayuntamiento pagaba la mitad y la empresa de aguas adelantaba la otra mitad, que después debería pagarle la empresa. «Que nunca se cobraron». Casos como: 450.000 euros para canalizaciones de una empresa del polígono, 150.000 euros para otra empresa en la carretera de Quero y otros 150.000 para el arreglo de la explanada frente al Convento de Santa Clara -conveniado también con una empresa que «nunca pagó su parte». Puente también habló de otras obras, realizadas para agentes urbanizadores, que tampoco se cobraron, por un importe de 480.000 y 600.000 euros. «Esto no son casualidades. Se utilizó el dinero, de todos los vecinos de Alcázar, a sus espaldas, para generar un gran agujero negro en Aguas de Alcázar y no precisamente en obras municipales, para el bien de todos los vecinos, sino para empresas privadas. Esto es lo que explica la deuda. Obras que, además, se hacían sin licitación». Otro ejemplo que expuso Ángel Puente fue la licitación de una obra en la calle Moraleja, por 600.000 euros, que tras terminarse, el proveedor presentó una factura final de 900.000 euros y que, finalmente, al ayuntamiento se le cobró 1.200.000 «porque era lo que ponía en el proyecto».
Estos y otros datos son los que dijo Puente estaban en los tribunales «porque detrás de todo esto hay una trama de corrupción que se verá con el tiempo».
Finalmente, dijo que lo que quería era «tranquilizar a los ciudadanos, que todos los servicios de Aguas de Alcázar estaban garantizados y que, con la gestión mixta, no iban a notar ningún cambio».
