Cargando...El coordinador provincial de IU de Ciudad Real, Miguel Ramírez, aprovechando su visita para colaborar en el adecentamiento de la nueva sede de su partido en Alcázar de San Juan, ha comentado a los medios, en una rueda de prensa improvisada, la opinión de IU sobre la aprobación inicial -por las Cortes de Castilla La Mancha- de la reforma del estatuto de autonomía; a la vez que ha hecho referencia al escrito que, el pasado 12 de julio, se remitió a la subdelegación de gobierno para pedir la paralización de todos los procesos de privatización, capitalización o venta de servicios públicos y patrimonio en la región (entre los que se incluye el iniciado con Aguas de Alcázar). «En IU estamos preocupados por el clima general de sospecha de corrupción y creemos que sería una temeridad que se permitiera continuar con estos procesos»- ha dicho Ramírez.
El citado escrito, basado en la defensa del interés general, de los intereses de la hacienda pública y el principio de prudencia en la acción de gobierno, pide la paralización de los procesos de privatización de servicios como el de Aguas de Alcázar, hospitalarios o venta de patrimonio público como la Finca Galiana, de la Diputación Provincial de Ciudad Real, entre otros, «porque podrían ser el germen de nuevas prácticas de corrupción y, en dos o tres años, enterarnos que alguien ha cobrado comisiones ilegales por la concesión de un servicio público o que se ha vendido patrimonio por debajo de su valor real para favorecer a un grupo determinado de empresas» -aseguraba el coordinador provincial de IU- «Estamos en un momento crítico en el que hay que tomar fuertes medidas que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía en la gestión pública. Medidas de acción ejemplarizantes para frenar la corrupción».
En cuanto a la aprobación inicial de la reforma del estatuto de autonomía de Castilla La Mancha, a propuesta del PP, que se ha trasladado al parlamento nacional, Ramírez dijo que, desde IU, «vamos a hacer todo lo posible para frenar que se lleve a término esta reforma, que implicará luego otra reforma de la ley electoral que permitirá la legalización del ‘pucherazo’ en Castilla La Mancha y que profundizará en lo déficits democráticos de las leyes anteriores». Opinó que esta acción del gobierno regional impediría «la regeneración política y democrática que están pidiendo los ciudadanos, recortando derechos electorales y dejando a importantes sectores de población sin representación real en las cortes regionales». Dijo, además, que esta reforma «viene viciada», debido también a la sospecha de corrupción del gobierno de Cospedal, «que ha reconocido haber recibido una comisión de 200.000 euros» y a propuesta de un gobierno «en situación de delito electoral». Ramírez calificó esta situación de «muy grave» y aseguró que, desde IU, con el apoyo de otros partidos regionales, se iniciará una campaña informativa y de llamamiento a la ciudadanía, para explicar el «gran impacto que puede tener esta reforma electoral. Porque se quieren recortar derechos democráticos y evitar que los ciudadanos puedan tener un mayor control de lo que ocurre en sus instituciones».
