Cargando...El pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha aprobado por mayoría -con los votos en contra del PSOE- la propuesta de resolución del expediente de nulidad de pleno derecho de los convenios con cuatro centrales termosolares : Manchasol 1 y 2, Aries Solar Termoeléctrica y Eteria de Energía solar.
La causa de nulidad argumentada, es que las liquidaciones tributarias y la concesión de subvenciones no se hicieron conforme a ley y que los convenios fueron aprobados por un órgano no competente, la Junta de Gobierno Local, en lugar del Pleno. El expediente se trasladará ahora al Consejo Consultivo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para que emita su dictámen; antes de su aprobación definitiva.
El equipo de gobierno alcazareño, PP y CxA, aseguran que estos cuatro convenios incumplen la ley tributaria, porque se fijó un impuesto único, por potencia eléctrica autorizada -precio por KW- modificando la base imponible y vulnerando las ordenanzas fiscales. Con esta acción, explican, se dejaron de ingresar otras tasas obligatorias para todas las empresas: como el canon de aprovechamiento urbanístico, las tasas de licencia y de expedición de documentos y el impuesto de construcciones y obras. A esto suman otra ‘irregularidad’: la concesión de subvenciones, «que no se realizó conforme a la ley general de subvenciones, entregándose un dinero por una actividad que no se ha llevado a término» -exponía el secretario municipal.
José Fernando Sánchez Bódalo, en nombre de la oposición socialista, opinó que la convocatoria de este pleno extraordinario «no tenía sentido» y que «estaban liando más la madeja, con el único fin de hacer ruido y tratar de evidenciar que todo lo que hicieron los socialistas está mal hecho». Dijo que habría que esperar al informe del Consejo Consultivo y que, desde su grupo, no entendían por qué sólo se hablaba de estos 4 convenios, cuando hay otros dos iguales firmados por el actual equipo de gobierno. Uno de ellos, el de la nueva ‘Termosolar Alcázar’, cuya construcción anunciaron se iniciaría para el pasado mes de marzo, «y aquí no ha venido nadie» -decía Sánchez Bódalo. El edil socialista dijo que convocaban el pleno porque «se habían equivocado con las cuentas» y que los 50 millones de euros, que dijeron a los medios de comunicación que no se habían cobrado, «no existen». «No son 50 millones, sino 3,8. No pueden defender, lo que dijeron, ante el Consejo Consultivo y por eso corrigen». Insistió en que Alcázar de San Juan es uno de los municipios de España con más centrales termosolares y uno de los que más ha cobrado a estas empresas; «el 60% más que en el resto de España».
Por su parte, el portavoz de CxA, Ángel Montealegre, dijo que todas las industrias deben cumplir una legislación tributaria y este no era el caso de las termosolares. «Esto lo dice el interventor de fondos del ayuntamiento, que es el mismo interventor que tenía la anterior corporación municipal. Dice que se han vulnerado las ordenanzas fiscales». Montealegre apuntó que en 2008, año en que se firmaron estos convenios, no se solicitó al interventor ningún informe de legalidad; «porque sabían que les diría que estaban vulnerando la ley y no se podrían aplicar los convenios. La liquidación tributaria no está bien hecha, eso es lo que dice el informe del interventor». Habló también sobre ‘Termosolar Alcázar’, asegurando su próxima construcción, diciendo que «vendrán cuando resuelvan los problemas que tienen con la modificación de las medidas reglamentarias».
Sánchez-Bódalo respondió asegurando que los convenios «están reconocidos por ley porque, hasta 2010, la jurisprudencia no sentó las bases de estas lliquidaciones». Insistió en que se hicieron para favorecer a Alcázar y se modificó el reglamento porque, de no haber sido así, «no hubiéramos cobrado nada. Se acordó una tributación fija que daba seguridad a las empresas y al ayuntamiento». Recordó al equipo de gobierno que «ustedes también votaron a favor. En su momento no tuvieron ninguna duda sobre su legalidad y ahora quieren anular los convenios porque quieren ganar más dinero». En cuanto al asunto de las subvenciones, dijo al equipo de gobierno que «es a ustedes a quienes les corresponde reclamar justificaciones y exigir que cumplan. ¿Por qué criminalizan a la oposición?».
En su segunda intervención, Ángel Montealegre, insistió en que «el equipo de gobierno actual no ha aprobado estos convenios, lo hizo la Junta de Gobierno Local, no el Pleno. En su momento, no se nos presentó ningún informe de intervención diciendo que existiera ninguna ilegalidad». Aseguró también que, antes de 2010, la base imponible aplicable era la misma para todos los proyectos y que se hacía sobre la valoración del coste real de la obra, «no sobre la potencia eléctrica». En relación a la «ilegalidad» de las subvenciones, aclaró que se concedían anticipadamente «antes de realizar la obra, no cuando los técnicos municipales comprobaban que se había hecho. Eso es lo que el Consejo Consultivo deberá valorar si es legal o no».
Por su parte, el Concejal de Hacienda, Juan José Arias, dijo que el pleno se había convocado para agilizar los trámites del procedimiento y que el ayuntamiento, como administración pública, genera actos administrativos y «no puede contraer ningún vínculo contractual, ni acuerdos, sin someterse a ley o sus acciones carecen de valor». Quiso aclarar, también, que el convenio con ‘Termosolar Alcázar’ se firmó en un período de transición y quedará sujeto al dictamen del Consejo Consultivo, «que nos dará las pautas de cómo hacerlo».
Antes de la votación, Diego Ortega, alcalde de Alcázar de San Juan, dijo que su equipo de gobierno quería «cumplir la ley y no ser cómplices de hechos ilegales» y que era, por esta razón, por la que no podían «cerrar los ojos ante lo que había sucedido con los convenios con las termosolares».
