Cargando...El director del Consorcio Alto Guadiana ha hecho balance de lo realizado hasta ahora por los profesionales de dicho organismo, y ha destacado la necesidad de que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), con sólo tres años de vida, se mantenga para conseguir los objetivos que en su día consensuaron todas las Comunidades de Regantes de los cuatro acuíferos de la zona, las organizaciones medioambientalistas y las Organizaciones Profesionales Agrarias de la región en su conjunto, menos ASAJA de Ciudad Real.
Calleja no comprende cómo el Plan Especial del Alto Guadiana puede ser cuestionado a estas alturas de su ejecución, transcurridos sólo tres años desde su puesta en funcionamiento, cuando hasta el momento dicho plan ha permitido la legalización de 4.000 pozos que no tenían derechos de agua para el riego de cultivos leñosos, beneficiando a un total de 20.000 hectáreas. A juicio del director del Consorcio, no se puede menospreciar el impacto económico y social que esa legalización ha tenido para cientos de agricultores de la zona de La Mancha.
En este sentido, Enrique Calleja ha admitido que aún quedan 3.000 pozos por legalizar, según los objetivos marcados en el PEAG, pozos sobre los que no se ha podido actuar porque el Plan Especial también ha sido víctima de la crisis económica y financiera.
El Consorcio es una administración que está participada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno Central, y no ha sido una excepción a la crisis, «pero eso no puede ser argumento para intentar anular lo conseguido hasta ahora y el contenido y objetivos futuros del PEAG», ha afirmado Calleja.
El PEAG también ha permitido la instalación de 8.000 contadores para el control de las extracciones de agua de los pozos, «control que exigen con buen criterio los propios agricultores y las Comunidades de Regantes».
Además, según ha asegurado el responsable del Consorcio, de no continuar con este programa el dinero invertido hasta ahora no servirá para nada, puesto que habrá explotaciones cuyos consumos de agua estén controlados y otras no, produciéndose un agravio comparativo y, sobre todo, unos agricultores desamparados por la administración frente a otros.
Junto con la legalización de pozos y la instalación de contadores, Enrique Calleja ha destacado la inversión en infraestructuras hidráulicas, con cerca de 400 millones. Cuando todas esas infraestructuras estén acabadas, la inversión final alcanzará los 1.000 millones de euros. Entre esas infraestructuras destacan las destinadas al abastecimiento de agua a las poblaciones, la depuración y el saneamiento de las aguas residuales.
LABOR DE SENSIBILIZACIÓN
Por otro lado, y no menos importante a juicio del director del Consorcio, hay que destacar la labor de sensibilización llevada a cabo en el contexto del PEAG. Dicha labor ha conseguido aunar a los regantes en torno a la convicción de que agricultura y medio ambiente caminan de la mano en Castilla-La Mancha, y que el futuro agrario depende, en gran medida, del trato y conservación que se otorgue a los acuíferos y humedales de la región.
En este sentido, el Consorcio ha desarrollado una estrategia de posicionamiento que ha permitido la proyección internacional de La Mancha Húmeda, a través de jornadas, seminarios e intercambio de conocimientos y experiencias. Todo esto, a su vez, ha propiciado el acceso a programas europeos, como el Life que recientemente ha sido aprobado para la gestión de los humedales de Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Quero, Villacañas, Villafranca de los Caballeros, Pedro Muñoz, Mota del Cuervo y Lillo.
Calleja comprende que puedan cambiar los equipos y las personas, «pero de ahí a proponer finiquitar un organismo que es ejemplar en España y que se ha configurado como punto de encuentro entre administraciones, en cuanto a la coordinación y gestión de las competencias relacionadas con el agua, la agricultura, el medio ambiente, la energía o la ordenación del territorio media un abismo».
Por todo ello, el director del Consorcio asegura que el PEAG «no es un capricho de nadie, sino una necesidad para el campo, la agricultura y el medio ambiente de Castilla-La Mancha».
Hay que tener en cuenta que el PEAG fue una propuesta que se recogía en el Plan Hidrológico Nacional de 2001 elaborado por el Partido Popular, como solución definitiva a la sobreexplotación de los acuíferos de La Mancha. Por eso, «el Plan Especial es, a día de hoy, 4.000 pozos legalizados, 20.000 nuevas hectáreas de regadío, más de 8.000 contadores instalados y 1.000 millones para infraestructuras, además de un plan único en España que cuenta con el consenso de todos, menos uno, ASAJA de Ciudad Real», ha concluido.
