Miguel Ramírez subrayó que IU ha puesto en manos de una consultoría legal la memoria para estudiar las posibles acciones legales a emprender con la intención de echar para atrás el acuerdo plenario. Según afirmó en este documento faltan datos “tan relevantes” como los saldos bancarios de la empresa, un inventario de bienes y del inmovilizado, información detallada sobre la deuda de Aguas o datos de derechos sobre terceros y valoración patrimonial de la empresa en el que se sustenta la valoración de las acciones.
A Ramírez le resulta “llamativo” que en el documento se aluda “a la capacidad técnica y profesional y al éxito de la gestión pública y que se justifique la venta en posibles ventajas competitivas, es decir, se cambia una certeza por una hipótesis”. Asimismo, resaltó que la memoria “reconoce que con gestión pública integral, el beneficio sería de 800.000 euros”, por lo que se pregunta “dónde está la necesidad de refinanciación de la empresa”. También ve “chocante” el reparto de beneficios, ya que según sus cálculos, cada acción sería “225.000 euros más beneficiosa para la empresa privada que para el Ayuntamiento”, al mismo tiempo que “se obvia el tema del préstamo, porque no conocemos los intereses”, en relación al que haría la empresa privada para subsanar la deuda de Aguas con el Consistorio.
En palabras del coordinador provincial de IU, la memoria “tiene grandes fallos de información contable y administrativa”, por lo que “hay motivos para plantear un recurso contra este acuerdo plenario”. Además piden que el Síndico de Cuentas haga una auditoría, “como siempre se debe hacer antes de proceder a la venta o ampliación de capital de una empresa y en este caso no sabemos si se ha encargado”.
El hecho de que la empresa municipal “esté en proceso judicial por la denuncia que existe sobre la gestión anterior, crea dudas también sobre la conveniencia de la venta, porque tal y como se está haciendo el proceso, parece que se quieren dar prisa para tapar irregularidades de los anteriores y los actuales gestores”. Por eso, IU pedirá la paralización de todo el proceso hasta que se resuelvan los aspectos legales y se conozca toda la información.
“TWEETS FASCISTAS”
Por otro lado, tanto Ramírez como el coordinador local de Jóvenes Izquierda Unida (JIU), Álvaro Fernández condenaron “las actitudes fascistas de miembros de Nuevas Generaciones” y pidieron la reprobación de Diego Ortega como presidente del Partido Popular en Alcázar de San Juan a los miembros de Nuevas Generaciones de esta ciudad que han participado en acciones de este tipo.
Fernández repasó la secuencia de los hechos, denunciados por primera vez por Jóvenes Izquierda Unida y no por Juventudes Socialistas, según dijo “porque siempre se monopoliza el debate en torno al bipartidismo”. En este sentido, recordó que después de escribir tweets “fascistas”, sus autores se disculparon, mientras que sus compañeros “siguieron con el juego”.
