El alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, ha afirmado sentirse “muy tranquilo” y tener “las cosas claras” en lo que respecta a la denuncia presentada la pasada semana por el Grupo Socialista ante el juzgado, acusándole de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos en la contratación de profesionales para labores de asesoría jurídica y en la mesa de negociación de la relación de puestos de trabajo.
Según aseguró Ortega, “todo se ha hecho bien, conforme a la legalidad vigente”, y subrayó que hay una diferencia entre hacer algo ilegal y hacer algo con lo que el Grupo Socialista no esté de acuerdo, pero “cuando al PSOE no le gusta algo que hace el equipo de Gobierno, dice que es ilegal”, comentó.
Asimismo, hizo hincapié en que están todas las facturas avaladas por los servicios técnicos y todo está justificado porque son servicios contratados legalmente. En el caso concreto de la asesoría jurídica, el alcalde señaló que cuando se extinguió el contrato inicial aún había procedimientos abiertos que obligaban a seguir contando con el mismo abogado, lo que igualmente se hizo atendiendo a la legalidad.
Por último, Diego Ortega indicó que el equipo de Gobierno está haciendo las cosas bien, “poniendo orden donde había desorden” e hizo hincapié, ante las acusaciones del PSOE de estar contratando a personas afines al PP, que “la Constitución dice que no hay que discriminar a nadie por ninguna circunstancia, tampoco por su ideología”, y dejó claro que “en el Ayuntamiento se contrata por cauces legales, de forma democrática y transparente, y sin pedir a nadie el carné de afiliado a ningún partido político, como sí se ha hecho en otros tiempos”.
