Cargando...La Secretaria del Sector Autonómico de FSP UGT CLM, Beatriz Tormo, ha señalado en la rueda de prensa conjunta con el sindicato STAS CLM , que “ha llegado el momento de exigir responsabilidades y de pedir la dimisión de Esteban y De la Fuente “por entorpecer la negociación colectiva, desmantelar los servicios públicos y dañar los derechos de los empleados públicos, además de utilizar los recursos de todos los castellano-manchegos en su propio interés”.
Tormo ha recordado que si la Administración regional recurre ante el Supremo, como ha anunciado, la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCLM que declara nulas las órdenes 20/08/2012 reguladoras de las plantillas de funcionarios y del personal sanitario, veterinario y de farmacia, el coste económico actual estimado en unos 14 o 15 millones de euros se puede duplicar y quienes acabarán pagándolo serán los ciudadanos de la región.
La responsable del Sector Autonómico de FSP UGT CLM ha recordado que no es la primera sentencia favorable del TSJCLM, que ya reconoció anteriormente el derecho a percibir horas extras del personal laboral, la parte proporcional de la paga extra, mientras que actualmente se negocia un Plan de Recursos Humanos de los conductores de Fomento que adolece igualmente de defectos de forma, por lo que piden a la Junta que lo retire.
El responsable de STAS CLM, Gustavo Fabra, ha negado que hubiese tensión en la reunión de la mesa sectorial en la que la Administración vulneró el derecho de negociación colectiva y que la policía únicamente estuvo presente en el exterior del edificio donde se concentraban empleados públicos para protestar por la amortización de 700 plazas que había anunciado la Junta en su instrucción 5/2012 de julio de 2012.
Fabra ha pedido al Gobierno regional “que quiten asesores contratados a dedo” porque su contratación vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad con los que han accedido a su puesto de trabajo los empleados públicos, al tiempo que aconseja a la Junta que asuma sus responsabilidades políticas como ha hecho el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid tras la paralización de la privatización de hospitales.
Por su parte, la Secretaria General de FSP UGT CLM, Carmen Campoy, ha exigido al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha que tome la decisión y aplique la sentencia y que deje de vulnerar el derecho a la negociación colectiva por parte de los representantes legales de los trabajadores públicos.
Campoy ha recordado que los sacrificios de los recortes los están pagando los castellano-manchegos, que no se merecen que este Gobierno del PP incremente los costes retrasando la aplicación de la sentencia y que “es triste” que tengan que ser los tribunales los que acaben dando la razón a los representantes de los trabajadores públicos.
La responsable de FSP UGT CLM ha agradecido la colaboración de los empleados públicos, su movilización y su defensa de la prestación de servicio público al que tienen derecho los ciudadanos, recordando al Gobierno del PP “que se olviden de hacer negocio con lo público”.
