Cargando...Carmen Mínguez, portavoz del PSOE de Alcázar de San Juan: “Desde el PSOE de Alcázar de San Juan queremos mostrar nuestro apoyo a los ciudadanos y ciudadanas que de forma pacífica y democrática manifiestan opiniones que pueden ser o no coincidentes con el equipo de gobierno”.
El presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Alcázar de San Juan en recientes declaraciones ha utilizado términos como acoso, insultos o amenazas. Desde el PSOE hemos mantenido siempre una línea de respeto hacia su portavoz a pesar de las muchísimas discrepancias políticas y de gestión.
También desde el PSOE de Alcázar de San Juan entendemos que ejercer como ciudadano es mucho más que votar cada cuatro años. Los ciudadanos hacen política cuando participan y se posicionan de forma responsable en las decisiones que les afectan, criticándolas o alabándolas.
Todos y todas podemos y debemos participar activamente en las decisiones que hacen que nuestra ciudad sea la que necesitamos y queremos, para ello hace falta un equipo de gobierno que escuche y sea cercano a ellos.
Esta circunstancia no es la que Alcázar de San Juan tiene en la actualidad, el equipo de gobierno de forma permanente y constante hace oídos sordos a los ciudadanos.
Nos llama poderosamente la atención, no el hecho de que un compañero de partido, el Sr. Flores; muestre su apoyo al Sr. Puente, sino el hecho de que lo haga haciendo justo lo contrario de lo que nos pide a los demás.
Lo que él califica de atentado contra la democracia no es ni más ni menos que el ejercicio a la libertad de expresión, derecho de reunión y manifestación que tenemos todos los ciudadanos, nos dediquemos o no a la política para defender aquellos asuntos que entendemos hacen los gobernantes en contra del interés general.
O lo que califica como acoso, insultos y amenazas no es ni más ni menos que la defensa verbal de algunos ciudadanos que están siendo atacados nada menos que por el portavoz del equipo de gobierno, un cargo institucional.
Los políticos son los ciudadanos y ciudadanas que expresan opiniones y trabajan por la sociedad que quieren y necesitan. No se entiende el término de politiquillos. Es un concepto inexistente.
El PSOE de Alcázar de San Juan está convencido de que los ciudadanos de esta ciudad tienen criterios propios y que las actuaciones que realizan obedecen a los mismos.
Desde el PSOE estamos de acuerdo con el Sr. Flores en condenar actitudes antidemocráticas y de insultos sobre todo si se dirigen hacia los ciudadanos de esta ciudad que haciendo uso de su criterio y de las herramientas del estado de derecho en el que nos encontramos, se manifiestan en contra de actuaciones realizadas desde el equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar, que creen no son acordes con los intereses de la ciudad.
Desde el PSOE seguiremos trabajando para que la convivencia en Alcázar sea una realidad. Pero ello no lleva y no tiene como condición que los ciudadanos y ciudadanas de Alcázar de San Juan no puedan expresar su disconformidad con aquellas decisiones que entienden que son lesivas para los intereses de la ciudad.
También queremos, desde El PSOE de Alcázar de San Juan solicitar a la presidenta de la comunidad, la Sra. Cospedal, que reincorpore a sus puestos a los trabajadores afectados por la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad que da la razón a los sindicatos UGT y STAS que presentaron un recurso por la modificación de hasta 700 plazas de la administración regional, aunque 200 de ellas estaban vacantes. Por tanto, los despidos afectaron a 500 trabajadores de la administración pública: auxiliares administrativos, veterinarios, personal de servicios…
Según la sentencia, «se condena a la Administración demandada (la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) a reponer a los funcionarios afectados por motivo de las disposiciones anuladas en los puestos de trabajo que venían ocupando, con el reconocimiento de todos los derechos profesionales y los económicos que correspondan, que se concretan en las retribuciones que los perjudicados hubieran debido percibir de no haberse producido su cese, descontando las retribuciones que hubieran percibido por otros servicios entre dicha fecha y la de la efectiva reincorporación». Los jueces también condenan a la Junta a pagar las costas del proceso.
Esta sentencia le puede costar a la JCCM ahora mismo unos 14 o 15 millones de euros y si como han anunciado el gobierno regional presenta un recurso, el proceso se alargará y estaremos hablando de una cantidad bastante superior (ya alargaron al menos 6 meses pidiendo que la inadmisión de este recurso).
